Incluye también en su programa 2018 los fondos pagados a agencias de colocación y la contratación en la CNMC
MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas fiscalizará en 2018 la gestión de la explotación de la red de alta velocidad en el presente ejercicio y los expedientes de suspensión de contratos en estas líneas ferroviarias entre los años 2014 y 2017.
Así figura en el programa de fiscalización para el año que viene aprobado por del órgano presidido por Ramón Álvarez de Miranda, que también recoge, entre otros, programas para fiscalizar los fondos pagados por el Servicio Público de Empleo Estatal a las agencias de colocación y la contratación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En su plan de fiscalización, recogido por Europa Press, el órgano fiscalizador detalla más de un centenar de expedientes, que incluyen tanto los solicitados por las Cortes Generales, como los programados a iniciativa del propio Tribunal y que los tiene que hacer por ley.
Referidos a la alta velocidad, el Tribunal realizará 'motu propio' un informe de fiscalización de la gestión de la explotación de la red de alta velocidad durante el ejercicio 2017, mientras que a propuesta de las Cortes analizará los expedientes de suspensión de contratos que han afectado a las líneas férreas de alta velocidad entre 2014 y 2017. Ambos informes se publicarán en 2019.
Para el próximo año, el Tribunal sí prevé la publicación del informe de fiscalización de la actividad de las sociedades públicas de integración del ferrocarril participadas por ADIF-Alta Velocidad, a 31 de diciembre de 2016, un informe incluido en su programa de 2017, pero que aún no ha concluido.
AGENCIAS DE COLOCACIÓN, NUEVA NOTA DEL RESCATE Y CNMC
Entre los nuevos informes, el Pleno del Tribunal también ha aprobado la fiscalización de la gestión y el control de los fondos públicos pagados por el Servicio Público de Empleo Estatal a las agencias de colocación durante 2017, que se publicará en 2019.
En 2018 verá la luz la fiscalización de la contratación en la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) entre 2015 y 2017. Un órgano que, en el momento de aprobarse y publicarse este informe, podría ya no existir, ya que el Gobierno proyecta su división en varias entidades independientes de supervisión.
Otra de las publicaciones previstas por el Tribunal es la de una nota de fiscalización del estado de la reestructuración bancaria emprendida por el FROB y de las ayudas públicas concedidas al sector financiero a 31 de diciembre de 2018, una fiscalización ya anunciada por Álvarez de Miranda el pasado mes de octubre en el Congreso, cuando presentó ante las Cortes este mismo informe hasta el año 2015.
PLAN PAE Y AYUDAS A LA VIVIENDA
También se someterá a fiscalización el Programa de Activación para el Empleo (PAE) en 2017, y las ayudas para renta básica de emancipación de jóvenes, subsidiación de préstamos y otros apoyos a la vivienda del programa de 'Ayudas para la rehabilitación y acceso a la vivienda', ejercicio 2016.
En el ámbito de la Seguridad Social, el programa contiene, entre otras nuevas actuaciones, la fiscalización sobre la gestión y control de pagos al personal de las Mutuas, sobre las inversiones de naturaleza informática de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y la realización de una Moción sobre los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones del sistema de la Seguridad Social.
En el ámbito empresarial, destacan las nuevas fiscalizaciones del área de recursos humanos de las empresas estatales no financieras del grupo patrimonio y del grado de implementación de los modelos de prevención de delitos y de comportamientos contrarios a la ética de las sociedades mercantiles estatales.
En 2018 se publicarán informes cuya realización ya se aprobó en ejercicios anteriores, como el de la actividad crediticia del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 2016 y el relativo a los contratos de cesión, arrendamiento o enajenación de bienes inmuebles y derechos de la propiedad incorporal más significativos formalizados por las empresas estatales durante los ejercicios 2013, 2014 y 2015.
También se hará pública la fiscalización sobre las aportaciones de capital a empresas del grupo realizadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, durante los ejercicios 2012 y 2013 y actualización de la situación a 31 de diciembre de 2016.
