MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
Alianza por la Solidaridad-Action Aid ha alertado sobre la necesidad de abordar la falta de financiación para paliar los daños causados por el cambio climático, un asunto que quedó pendiente de un acuerdo en la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-25) celebrada en diciembre de 2019 en Madrid.
Con motivo de la celebración del Día Internacional contra el Cambio Climático (24 de octubre), la organización reclama que millones de personas en países de desarrollo están siendo afectadas por los impactos del cambio climático y recuerda que "no hay un mecanismo de mercado con un enfoque centrado en los Derechos Humanos" que permita abordar cómo se financian las pérdidas y los daños de una manera más equitativa dado que "las opciones que existen devuelven la carga financiera a los países en desarrollo" sin permitir la transparencia, rendición de cuentas y la toma de decisiones participativa que incluya a los más vulnerables.
Además, defiende que se deje de financiar desde los presupuestos nacionales a los combustibles fósiles, mediante subvenciones estatales, que según una investigación de Action Aid suman una cantidad de 300.000 millones de dólares que, en su opinión, deberían formar parte del Fondo de Pérdidas y Daños.
Para la Alianza por la Solidaridad, de este modo acabaría con la paradoja de que los gobiernos ayudan a la producción de combustibles contaminantes y, al mismo tiempo, declaran su compromiso con la mitigación, adaptación y reparación de los efectos adversos del calentamiento global.
También la organización añade que desde el año 2000, el Centro de Investigación de Epidemiología y Desastres de la ONU ha contabilizado 7.338 eventos catastróficos, lo que ha supuesto la pérdida de 1,2 millones de vidas y afectando a algunos de ellos en más de una ocasión, provocando pérdidas por valor de 2.970 miles de millones.
Asimismo, señala que para saber cuánto ha de pagar cada país al Fondo de pérdidas y Daños, se debería calcular la cuota de responsabilidad de cada país basándose en las contribuciones históricos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), así como de su capacidad para tomar medidas climáticas, en función del ingreso nacional.
En función de ambas variables, la UE debería costear casi el 24 por ciento del total y debería haber en ese fondo 45.300 millones de euros para 2022, que aumentaría hasta 272.000 millones en 2030.
