28 de octubre de 2020
20 de mayo de 2008

Ecologistas asegura que una sentencia anula los permisos del Ayuntamiento de San Román (Valladolid) a una gravera

VALLADOLID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción aseguró hoy que una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid anuló las resoluciones del Ayuntamiento de San Román de Hornija para dar licencias de extracción de áridos a la empresa Artrasa por considerar que no se atienen a derecho.

En un comunicado recogido por Europa Press, la agrupación ecologista recordó que la empresa de áridos viene realizando desde hace 8 años extracciones en pinares protegidos, en los que, según el portavoz de EA ya han talado 36 hectáreas, y que las normas urbanísticas han sido modificadas por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de San Román.

Según el texto, la última sentencia es la más contundente de las tres que se han emitido en este sentido, ya que anula las resoluciones de alcaldía ratificadas por el ex alcalde Javier Casas Huete y por la Junta de Castilla y León. "Todas estas resoluciones eran conformes a arrasar los pinares de San Román de Hornija por la empresa Artrasa S.L para proceder a extraer áridos", explicaron.

Así, en el texto se señaló que de las 90 hectáreas de pinar en las que se ha autorizado la extracción de áridos, "buena parte de estos pinares no son propiedad de la empresa", por lo que los propietarios que "no tienen otra solución que acudir a los juzgados en contra de la gran empresa para defender sus pinares".

La última autorización de extracción otorgada, según EA por el Ayuntamiento y la Junta, ha permitido ampliar la zona de trabajo pese a que "no se cumplen las condiciones ambientales exigidas en la Declaración de Impacto Ambiental en la cual se determinaba la construcción de un paso alternativo al casco urbano". Sin embargo, la agrupación aseveró que se permite que 400 camiones procedentes de las extracciones de áridos pasen a diario por San Román de Hornija, "el doble que con el anterior proyecto con orden de paralización", que data de abril de 2007.

Además de ello, el portavoz de los ecologistas Gonzalo Herrero, aseguró que en anteriores proyectos se autorizó a la extracción en los terrenos sobre los que se instala la planta de producción de la gravera. También lamentaron que la Diputación de Valladolid y el Ayuntamiento hayan financiado con dinero público una circunvalación que supone "la ruptura del desagüe de la famila que lucha por conservar los pinares".

Por otra parte, el comunicado recapituló que la Junta también modificó los planos del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas para que "lo que en las normas urbanísticas aparece como zona protegida-pinares, en el nuevo SIG PAC ya se contempla sin pinos y como suelo de uso agrícola".

Además, criticaron que la Junta "encubría la actividad de la empresa frente a la orden de paralización de abril del 2007", y que para ello "falsificaba documentos" --firmados por el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambienta, Francisco Javier Muñoz Jiménez-- en los que se explicaba que la empresa extraía áridos de zonas que años antes habían sido extraídas y restauradas.