MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno que "se comprometa de verdad" con la protección de los derechos a la salud y a la vivienda, en los que, a su juicio, "España sigue suspendiendo", con motivo de la primera visita a España del Relator Especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston.
La organización, que se reúne este lunes, junto a otras organizaciones, con Philip Alston, ya le había hecho llegar un informe con sus principales preocupaciones, especialmente en materia de dos derechos: el acceso a la vivienda y a la salud.
"El pacto de gobierno que firmaron el PSOE y Unidas Podemos contiene propuestas para hacer frente a algunas de las preocupaciones sobre vivienda y salud que mantenemos desde hace años en España. Pero ahora hay que pasar de las palabras a los hechos, y una visita como ésta es una oportunidad para que el nuevo gobierno se comprometa de verdad", ha subrayado la responsable de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en Amnistía Internacional España, Marta Mendiola.
En materia de vivienda, la organización señala que entre 2013 (desde que se empezaron a contabilizar) y septiembre de 2019 se llevaron a cabo 426.593 desalojos (243.968 por impago de alquiler, 162.258 por ejecución hipotecaria y 20.367 por otras razones).
"A pesar de que no existen datos desagregados por género, edad o por posibles vulnerabilidades que permitan evaluar el impacto de estas terribles cifras en el derecho a la vivienda, sabemos que las mujeres son las que enfrentan los mayores obstáculos, entre ellas las víctimas de violencia de género o las que encabezan hogares monomarentales", ha afirmado Mendiola.
En ese sentido, Amnistía Internacional lamenta que en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) no exista una obligación para que los jueces analicen "la proporcionalidad de un desahucio" y estudien "caso por caso" las circunstancias personales de cada desalojo y que "no se asegure que exista una vivienda alternativa en el caso de personas sin recursos".
Además, aunque valora que el Real Decreto contenga algunas medidas de protección para los inquilinos, como la extensión de la duración de los contratos de tres a cinco años, ha advertido de que "no incluye medidas urgentes para incrementar el escaso parque de vivienda social en alquiler".
Asimismo, ha lamentado que no contenga medidas efectivas que garanticen la asequibilidad de la vivienda. "Es escandaloso que el gasto personal en vivienda haya aumentado en un 25,9% en los últimos 13 años", ha apuntado Mendiola.
En el ámbito de la salud, Amnistía Internacional indica que las medidas de austeridad implementadas por el anterior Real Decreto sanitario "siguen sin revertirse", como "el copago farmacéutico, que traslada el coste de determinados productos a usuarios y usuarias".
"Las personas más vulnerables, especialmente las personas con ingresos más bajos, las que sufren enfermedades crónicas, las personas con discapacidad y las personas que reciben atención de salud mental, pagan el precio de unas medidas de austeridad que han hecho que la atención sanitaria de calidad sea menos accesible y más cara", ha subrayado Mendiola.
Por otro lado, ha señalado que a pesar de la adopción del Real Decreto Ley 7/2018 sobre universalidad, "que fue un paso positivo para paliar el hecho de que 750.000 migrantes fueran excluidos de la atención sanitaria gratuita, todavía las personas migrantes en situación administrativa irregular siguen encontrando obstáculos para acceder a la atención sanitaria".
Entre las barreras, la organización apunta "el requisito de residir en el país durante más de 90 días, la obligación de presentar documentación como el certificado de no exportación del derecho o el requisito de que no haya terceros obligados a pagar".
