MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha ofrecido este miércoles a las comunidades autónomas un reparto provisional de casi 252 millones a cargo de la recaudación del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) destinada a fines sociales durante el año 2018.
En una rueda de prensa posterior a la reunión a la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, que ha durado casi cinco horas, Carcedo ha informado de que se ha aprobado por unanimidad repartir la cuantía que "como mínimo" recibirá cada territorio, y que es la misma que la que recibieron el año pasado.
En total, en el pasado ejercicio se repartieron 251,9 millones de euros con cargo al 0,7 por ciento del IRPF --11,2 millones más que en 2017--, de los cuales 49,2 millones corresponde repartirlos al Estado y 202,6 millones a las CC.AA. El modelo para conceder subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF reparte un tramo estatal del 20% y un tramo autonómico del 80%.
La cuantía acordada es un "adelanto", ya que queda pendiente el reparto del excedente generado a través de la casilla de Fines Sociales, conocida como X Solidaria, y que ronda los 12 millones según las primeras estimaciones. "Hasta que no se conozca la liquidación total no podemos disponer de esa cuantía definitiva", ha agregado.
"No tenemos aún la cuantía definitiva porque todavía no se dispone de las cifras exactas de la recaudación del IRPF. De momento se dispone de las cuantías del ejercicio anterior, pero no puede ser un reparto oficial porque no tiene aún los trámites completos", ha explicado antes de la reunión en declaraciones a los periodistas.
En cualquier caso, "sí se puede acordar" el reparto "al menos" de la cuantía del ejercicio anterior", a falta de la liquidación definitiva del ejercicio de 2018. El objetivo de distribuir estas cuantías es que las comunidades autónomas "puedan iniciar la tramitación" de la convocatoria de esas subvenciones para 2019 destinadas a fines sociales "y no verse en la obligación e interrumpir los programas sociales" que se financian a través de este 0,7% del IRPF.
Para que los territorios puedan iniciar estos trámites y disponer "al menos" de estas cantidades, el primer paso es publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) esta convocatoria estatal de las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF, según ha confirmado la ministra. Carcedo ha subrayado que su intención es que se refleje "de la forma más inmediata posible" en la publicación oficial.
EL REPARTO DEL EXCEDENTE, PENDIENTE
Así las cosas, queda pendiente el reparto del "excedente" que se haya generado en la recaudación de 2018 por el 0,7% del IRPF, y que de acuerdo a las primeras estimaciones rondaría los 12 millones de euros, según ha dicho la ministra. Debido a que no se sabe exactamente a cuánto asciende dicha recaudación, tampoco se conoce cuanto se ha incrementado con respecto al año pasado.
En este contexto, se ha acordado que será en la Comisión Delegada del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia -formada por los directores generales autonómicos del área y representantes del Ministerio-- en la que defina los criterios de reparto de ese "excedente". Carcedo ha aseverado que se acordará un reparto "equitativo y justo".
LEY DE VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA
Por otro lado, la ministra ha señalado que el "punto más importante" de la reunión con las autonomías es el debate sobre el borrador del anteproyecto de la ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y frente a la violencia contra los niños. "Es una de las leyes que lamentablemente no podemos ultimar su tramitación por la disolución de las Cortes pero esperamos que en la próxima legislatura sea una prioridad y es una necesidad urgente", ha recalcado.
A su juicio, es una norma "muy importante" y, por ello, el PSOE "se compromete a impulsarla" tras las elecciones generales para que "vea la luz". En cualquier caso, ha explicado que el Gobierno está siguiendo con los trámites necesarios para llevarla a cabo, aunque en ningún caso daría tiempo a completar su tramitación en esta legislatura.
El anteproyecto preveía aumentar el plazo de prescripción de los abusos sexuales contra menores, para que este empezara a contar a partir de que la víctima cumpliera 30 años, a pesar de que asociaciones de infancia preferían elevarla a 50 años.
Preguntada al respecto, la ministra ha señalado que se han solicitado informes a los organismos correspondientes, que están estudiando las aportaciones que en fase de información pública se presentaron, entre ellas, los plazos previstos para la prescripción de los abusos a menores.
Según ha defendido, "hay que combinar" la necesidad de dar tiempo a las personas que lo han sufrido "para asumir y actuar" para denunciar esos abusos con las garantías del ordenamiento jurídico español y el Código Penal. De ahí que se estableciera la edad de prescripción en los 30, según ha incidido.
La ministra ha traslado también a los representantes autonómicos el Plan Nacional de Alzheimer y les ha informado sobre el proyecto del nuevo sistema de información de Servicios Sociales, así como la nueva Estrategia Nacional de prevención y Lucha contra la pobreza y la exclusión social 2019-2023.
También ha informado sobre el estado de elaboración del informe de progresos 2018 de la estrategia nacional para la inclusión social de la población gitana en España 2012-2020.
DEPENDENCIA, SIN PARTIDAS
Respecto a política de dependencia y a las ayudas para personas dependientes, Carcedo ha subrayado que los grupos parlamentarios que tumbaron el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 que presentó el Gobierno deben dar explicaciones sobre los motivos por los que el Estado no ofrece más ayudas en esta materia
El Gobierno tenía la intención de incorporar 500 millones de euros para Dependencia, plasmados en los Presupuestos Generales del Estado 2019, pero sin recibir luz verde de las Cortes Generales no puede disponer de ninguna partida presupuestaria, según ha insistido Carcedo. "No estamos en condiciones de ampliar partidas presupuestarias, pese a que las actuales son ampliable, no disponemos de ellas", ha concluido.
