La organización reclama a la Administración una mayor inversión y a la empresa privada le exige "empleo digno"
MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
Un 52% de las familias en las que hay un empleo no disfrutan de una situación de plena integración social, según destaca el informe de 2018 'Economía y Personas. Con valores, hay derechos' de Cáritas. La organización ha lamentado esta cifra que, a su juicio, demuestra que el empleo en España "no protege de manera suficiente".
"Hay que llamar la atención sobre este dato. El empleo no es un escudo de inmunización contra la exclusión", ha explicado en rueda de prensa el director del área de Acción Social de Cáritas, Francisco Lorenzo.
El informe ha estudiado la situación de los trabajadores más vulnerables en el país que, a pesar de contar con un sueldo, siguen teniendo problemas. Los que suponen un mayor riesgo para lograr la integración plena, las características del propio empleo (precario, bajos ingresos o jornadas parciales impuestas), así como la vivienda o el acceso a ella.
Por ello, Cáritas ha reclamado ayuda a la Administración. Para generar empleos de calidad, que protejan a los ciudadanos y que les asegure "condiciones de vida dignas".
Lorenzo ha señalado que, igual que durante las crisis se mide la situación del país a través del desempleo, a su término hay que evaluar la calidad del empleo para saber en qué lugar se encuentra. En este sentido, Cáritas ha indicado que el 12,3% de la población que está empleada "se encuentra en situación de exclusión social", mientras que un 2,1% de este mismo colectivo sufre "pobreza severa".
PIDEN A LA ADMINISTRACIÓN MÁS INVERSIÓN
La jornada parcial indeseada o la temporalidad son dos de los "grandes motores que arrastran a la población activa a este tipo de situaciones", ha revelado Lorenzo, para señalar que el 32,8% de estos trabajadores está en situación de exclusión y el 7,7% en situación de pobreza severa.
Por situaciones como esta, explican en la organización, el 36,2% de los hogares con sustentador principal empleado se han visto obligados a reducir gastos en vestimenta, alimentación o suministros del hogar.
Para Cáritas, la mejora del empleo debe pasar por una mayor inversión de la Administración en sus ciudadanos. Lorenzo ha explicado que su programa de cursos para el acceso al empleo ha permitido que 13.545 personas consiguieran trabajo en 2018 --un 18% de las 72.169 que participaron en los mismos-- que han supuesto una inversión por persona de 1.832 euros y un volumen total de actividad económica cercano a los 74 millones de euros.
Para el director del área de Acción Social, esta cifra es "baja" para un Gobierno que, además, vería después esta cifra revertida en las aportaciones en impuestos que harían los nuevos trabajadores. Es más, Lorenzo señala que supondría un ahorro para la Administración, ya que estas personas que han conseguido un empleo a través de Cáritas tenían, en su mayoría, ayudas o prestaciones del Estado, que dejarían de percibir.
EMPLEO DIGNO
Pero, además, han hecho un llamamiento a la empresa privada, para que "genere un empleo digno" y para que apoyen iniciativas como estos programas de Cáritas que, según apunta Lorenzo, "se ha demostrado que funcionan".
En la rueda de prensa también ha estado presente un ejemplo de estas 13.545 personas que trabajan gracias a la organización. Marieta Guerrero, ecuatoriana de 49 años, viven en Cáritas por la falta de una vivienda. Tras 28 años en España perdió su trabajo como cuidadora, tras fallecer la persona de la que se hacía cargo. Se quedó en la calle hasta que accedió a un curso de limpieza que le facilitó la obtención de un empleo.
"Me gustaría pedirle a las empresas que nos dieran una oportunidad al contratarnos para un trabajo digno y poder pagar un alquiler y sobrevivir aquí en España", ha reclamado.
Finalmente, la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, ha reclamado a los partidos más apoyo. Según ha indicado, han trasladado este estudio a las principales candidaturas que se presentaron a las elecciones del pasado 28 de abril. El objetivo, según ha indicado, un mayor diálogo entre la clase política, los representantes de los trabajadores y las organizaciones de acción social y lograr "un modelo de trabajo decente" en el país.
