MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha firmado este jueves 5 de abril un convenio con la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) y la Confederación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de España (CONCOVI) con el objetivo de crear una alianza por la vivienda social y reforzar el compromiso constitucional por el que todos los españoles deberían disfrutar de una vivienda digna y adecuada, según han informado los impulsores del convenio.
De esta forma, el presidente de la PTS, Luciano Poyato; el presidente de CONCOVI, Juan Casares y el presidente de AVS, Jerónimo Escalera, han sido los encargados de ejecutar la rúbrica en un acto que ha tenido lugar en las instalaciones de la PTS en Madrid.
El convenio busca establecer las líneas estratégicas que unen a las tres organizaciones en el impulso de la vivienda social y la rehabilitación en España. De esta manera, se acuerda coordinar acciones conjuntas para desarrollar una alianza en materia de política social de vivienda, en el marco de la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que, a juicio de los impulsores, "no resuelve la situación de exclusión residencial de la población más vulnerable" y "se queda muy lejos de las expectativas presupuestarias de las entidades sociales".
En esta línea, las organizaciones han asegurado que, llegado el momento, podrán actuar como interlocutores "válidos y reconocidos" ante las administraciones públicas y organismos nacionales e internacionales.
Asimismo, según recoge el convenio, la PTS, CONCOVI y AVS estudiarán y darán difusión a las distintas ayudas y programas de vivienda e intercambiarán información sobre cursos, jornadas o trabajos de investigación sobre las materias de interés común. Además, para garantizar el seguimiento del convenio se constituirá una comisión mixta con representantes de cada organización.
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector ha señalado que el convenio nace para "dar impulso a la vivienda social en España y defender que el Derecho Humano a una vivienda adecuada debe ser la base de cualquier política". El directivo ha indicado también que se trabajará para conseguir soluciones y garantizar el acceso a la vivienda, especialmente a aquellas personas que viven en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, Jerónimo Escalera, ha manifestado que la firma del convenio "pone de manifiesto la firme voluntad de los promotores de viviendas sociales, tanto públicos como privados, de apostar firmemente por la consecución de una oferta adecuada de vivienda asequible a los ciudadanos para garantizar el derecho esencial a la vivienda digna y adecuada exigida por nuestra Constitución y la normativa europea, mediante la creación de una plataforma estable con dicha finalidad primordial".
"Para CONCOVI es un orgullo firmar este convenio que tiene como objetivo favorecer el acceso a la vivienda a la población más vulnerable. Desde la entidad proponemos nuevas fórmulas y modelos de gestión de colaboración público-privada poniendo en carga activos (suelos, edificios) públicos a través del modelo cooperativo y del 'cohousing', cesión de uso y el derecho de superficie, salvaguardando la propiedad en ente público y dando solución habitacional temporales a los colectivos y población más vulnerable", ha añadido por su parte el presidente de la Confederación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de España, Juan Casares.
Las tres entidades han coincidido en que la vivienda es un servicio "esencial" para que las personas puedan desarrollarse y han defendido que para garantizar una vivienda "digna" y "adecuada" es necesario planificar y ejecutar una política basada en las necesidades reales. "El Derecho Humano a una vivienda adecuada debe ser la base de cualquier política de vivienda", ha asegurado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato.
Por ello, las organizaciones han instado al Gobierno a aumentar la dotación presupuestaria para la vivienda social al 1% del PIB ya que, según han asegurado, la crisis ha precarizado el trabajo y ha producido un descenso en los ingresos de las familias haciendo que las necesidades de vivienda protegida y la demanda se reoriente al alquiler con rentas bajas.
Por otro lado, los colaboradores han destacado la importancia de generar mecanismos de financiación y han señalado que, a su juicio, el Gobierno debería pactar con las entidades de crédito e incluso potenciar la banca pública.
Por último, los firmantes han destacado la necesidad de reformar el mercado de la energía para hacer frente a la pobreza energética y la exigencia de cambiar la fiscalidad ya que, a su juicio, la actual es "claramente discriminatoria" con el alquiler y la rehabilitación en comparación con la compraventa.
