MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las patronales del Tercer Sector de acción social, formadas por unas 30.000 organizaciones y entidades que atienden a más de 7 millones de personas vulnerables al año, han pedido al Gobierno, "a corto plazo", Equipos de Protección Individual (EPI), más apoyo del sistema sanitario en las residencias de mayores para contener la extensión del coronavirus COVID-19, y crear un fondo de contingencia para garantizar su sostenibilidad económica.
El comunicado se ha hecho llegar al presidente del Gobierno de España, al vicepresidente segundo del Gobierno de España --con el ruego de una reunión con todos los firmantes--, presidentes de las comunidades autónomas, grupos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y grupos políticos con representación parlamentaria en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
En primer lugar, reclaman "a corto plazo" Equipos de Protección Individual y la realización de pruebas de contagio "para poder contener con mayor garantía la extensión del COVID-19, garantizar la salud de las personas a las que atienden y de todas las personas y profesionales que desarrollan dicha atención".
Asimismo, piden "un mayor y más decidido apoyo del sistema sanitario" en las residencias de personas mayores y otros centros residenciales, donde cuentan con población de mayor riesgo, "para evitar la extensión de las dramáticas situaciones que vienen sufriendo". También piden "un mayor compromiso público para suplir las numerosas bajas que se están dando en centros residenciales y de atención domiciliaria, y así poder garantizar el mantenimiento de una atención digna en estos difíciles momentos".
Igualmente, llaman a garantizar la sostenibilidad económica de su actuación, presente y futura, con "una dotación económica adicional para hacer frente a refuerzos de personal, limpieza, provisiones, menores ingresos y el superior gasto producido por el alto número de bajas laborales"; y reclaman "una especial atención, dentro de las medidas adoptadas dirigidas a las empresas, a la situación de centros especiales de empleo y empresas de inserción".
En concreto, proponen la generación de un Fondo de Contingencia, coparticipado por Estado y comunidades autónomas a través del cual se apoye económicamente a todos los centros y servicios sociales que garantice la continuidad de las personas y profesionales vinculados a ellos, haciendo "especial referencia a quienes están en la primera línea de esta crisis sanitaria o han sufrido más directamente la suspensión de sus actividades". Además, plantean crear un mecanismo de interlocución permanente con los proveedores de servicios del Tercer Sector de Acción Social, organizados a través de las entidades patronales del Tercer Sector.
