MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un total de 35 Cáritas diocesanas de doce comunidades autónomas acompañaron en 2017 a un total de 719 personas condenadas a una pena no privativa de libertad en distintos proyectos y recursos de la institución donde pudieron cumplir su condena a través del desarrollo de trabajos en beneficio de la comunidad.
Para llevar a cabo esta colaboración, Cáritas contó con el apoyo de una subvención de 52.000 euros (171 euros por plaza). Esta actividad se lleva a cabo desde 2008 dentro de un convenio con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
La mayoría de las plazas ofertadas por las Cáritas Diocesanas se sitúan en proyectos para personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social: personas sin hogar, mayores, mujeres, adicciones o salud mental.
Esto permite, según explica la acción social de la Iglesia, que la persona condenada a una pena no privativa de libertad entre en contacto con realidades en las que su trabajo en beneficio de la comunidad tiene resultados "inmediatos y visibles", para aumentar su implicación y percepción de la necesidad de una nueva actitud ante el otro, a favor del bien común.
"No se trata de restar importancia a la causa penal, sino de revertir la infracción en beneficio propio y social, de forma solidaria, para promocionar valores de responsabilidad y empatía", señalan desde Cáritas.
En este sentido, el coordinador del Convenio en Cáritas, Juan Antonio García Almonacid, indica que su valoración de los trabajos en beneficio de la comunidad en "muy positiva" ya que "constituyen una alternativa a la privación de libertad". Además, señala que en el caso de personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social, "evitan una mayor espiral de exclusión tanto del penado como de la familia, así como rupturas con el entorno social y laboral".
