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Advierte de que el Tesoro Público no hizo uso de la posibilidad que prevé la Ley de PGE de generar nuevos ingresos para fines sociales
MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas ha denunciado este lunes carencias en la gestión del 0,7% del IRPF por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad --actual Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social-- en el ejercicio de 2015 y que, según ha señalado la presidenta del organismo, María José de la Fuente, puede afectar a la uniformidad en el procedimiento y, por tanto, al principio de equidad en la gestión de las subvenciones públicas.
Durante su intervención ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con este organismo, De la Fuente ha criticado el "insuficiente detalle" que existe en las normas que regulan la fase de evaluación de las solicitudes y, en especial, la falta de baremación de parte de los criterios de valoración de estas ayudas lo que, a su juicio, "produce un riesgo de discrecionalidad y falta de uniformidad" en el procedimiento.
"Además, el desconocimiento previo de los criterios utilizados por los Centros Directivos para el reparto de las cuantías económicas entre los programas de subvenciones que no favorece la transparencia", ha advertido la presidenta del tribunal, que también ha advertido sobre una "escasa" participación de las autonomías y de la subdirección general de la determinación del importe de las ayudas concedidas a los beneficiarios.
El Tribunal de Cuentas también ha visto "insuficiencias" en el procedimiento de gestión y justificaciones "mínimas" de estas subvenciones. En cuanto a las entidades que reciben menos de 600.000 euros, De la Fuente explica que se hace a través de un muestreo, con un máximo de 75 entidades, examinándose todos los programas subvencionados. Un proceso que, para el órgano, "podría no ser suficiente".
En cuanto a las preceptoras de más de 600.000 euros, De la Fuente señala que "únicamente son controladas por la Intervención General de la Administración del Estado, en el caso de que esta las incluya en los planes de control financiero de subvenciones, por lo que sólo un número reducidos de entidades pueda ser examinado en cada ejercicio, determinando un control insuficiente".
MÁS CONTROL A LOS BENEFICIARIOS DE MAYORES CUANTÍAS
Los grupos parlamentarios han mostrado su preocupación por esta situación. En concreto, la portavoz del PSOE, Miriam Alconchel, la del PP, María Teresa Antoñanzas y la de Unidos Podemos, Eva García Sempere, especialmente en lo que respecta al grupo que representan las entidades que reciben más subvención, entre las que se encuentran Cruz Roja Española, Cáritas Española, Confederación Autismo España y la Plataforma del Voluntariados.
A estos cuatro beneficiarios se ha referido la presidenta del tribunal en su intervención para indicar que en el casi de Cruz Roja no se observan incidencias significativas; que en Cáritas se ha detectado una "falta de control interno" en el área de justificaciones en su sede de Barcelona; que en la Confederación de Autismo se han identificado gastos "no elegibles para ser subvencionados"; y que en la Plataforma de Voluntariado se ha subcontratado a terceros para actividades subvencionadas que deberían haber sido gestionadas con personal de la entidad.
Por ello, De la Fuente ha explicado que entre las recomendaciones del organismo, se propone aumentar el control a estas entidades que reciben las subvenciones más altas.
De la Fuente ha destacado, por otra parte, la importancia de estas ayudas que, en la resolución de la concesión de estas subvenciones para el ejercicio de 2015, incluyó 583 programas por importe de más de 145 millones de euros representativos del 46% del total de programas de interés general subvencionados con cargo a la asignación tributaria del IRPF y del 66% del importe total subvencionado.
FALTA DE PERSONAL Y DE UN SISTEMA INFORMÁTICO ADECUADO
Por ello, ha lamentado también las deficiencias que existen en relación a la planificación y presupuestación de estas ayudas. Según ha explicado, los fondos procedentes de reintegros y devoluciones voluntarias no se han afectado presupuestariamente a tales fines, quedando dichos ingresos a la libre disposición del Tesoro Público sin que se haya hecho uso de la posibilidad que prevé la ley general presupuestaria de generar nuevos ingresos afectados a los mencionados fines.
En cuanto al procedimiento de la concesión de estas ayudas, se señalado que no se dispone de personal suficiente y que, al no ser siempre este el mismo, se hace precisa su formación específica cada seis meses, lo que, a su juicio, no redunda en la eficiencia de la gestión. Tampoco es eficiente, a juicio del Tribunal de Cuentas, la aplicación informática para la gestión y seguimiento de las subvenciones. "No permite la presentación telemática de las solicitudes, ni a presentación de la justificación de las ayudas", señala en informe.
Parte de estos problemas, según ha indicado De la Fuente, son consecuencia del manual elaborado al respecto, en particular, en lo relativo a la fase de evaluación de las solicitudes, de ahí que el tribunal también recomienda actualizar este texto para mejorar la gestión, seguimiento y justificación de las subvenciones y actualizar la aplicación informática.
