Actualizado 23/04/2010 17:26

La AECID desaloja de sus despachos a más de medio centenar de contratados externos que mantendrán su empleo

Los afectados se quejan por carta a la secretaria de Estado de Cooperación y convocan una concentración el lunes


MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha dado orden de que los 80 trabajadores externos que tiene contratados abandonen hoy sus despachos ya que no forman parte del personal de la agencia, que se encuentra inmersa en un proceso de reubicación de sus empleados con el objetivo de dejar de pagar el alquiler de otras dos sedes distintas a la principal.

Los afectados, que recibieron la noticia ayer por la mañana, han escrito una carta de queja a la secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez, y han convocado una concentración el lunes a las 9.00 horas ante la sede principal de la AECID, situada en la avenida de Reyes Católicos de Madrid.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, se quejan de que la decisión de privarles de un despacho les obligará a aumentar sus gastos sin que sus ingresos, "fijados previamente a esta medida", se vean modificados. Entre los afectados, aseguran, hay "desde conserjes hasta secretarios de dirección, pasando por 'técnicos-país' y gestores de programas de distinto tipo".

Denuncian que las nuevas normas se les hayan comunicado con tan poca antelación (a las 14:45 horas de hoy entraban en vigor) y ponen de relieve la dificultad de seguir desarrollando el mismo trabajo que hacían hasta ahora con sus contrapartes en otros países, en algunos casos Ministerios de otros países o agencias de la ONU, en las nuevas condiciones.

Los afectados reconocen que la AECID había incurrido en un "grave error" al contratarles como si fueran colaboradores de la agencia y sin embargo les asignara desde el principio un despacho y otro tipo de materiales y servicios similares a las del cuerpo de funcionarios de la agencia, "incurriendo" así "en la ilegalidad".

Sin embargo, las medidas adoptadas "no solucionan ninguno de los problemas, mientras que crea otros nuevos". Por todo ello, piden a la secretaria que impulse la creación de un cuerpo de funcionarios de cooperación" y convoque oposiciones para incorporar a personal laboral a la sede de la agencia.

LA AECID RESPONDE

La secretaria general de la AECID, Begoña Cristeto, explicó a Europa Press que los contratados externos mantendrán todos su empleo y seguirán trabajando por tanto "para la agencia, pero no en la agencia" con un horario fijo, como venía sucediendo.

La necesidad de "cumplir la legislación vigente", así como el proceso de reubicación del personal en el que la agencia está inmerso con el objetivo de reunir a sus empleados en la sede principal y dejar de alquilar otras dos sedes que se usan en la actualidad con un coste de dos millones de euros anuales, ha llevado a la AECID a tomar estas medidas con respecto a los contratados de servicios, añadió.

Cristeto, que cifró en unos 65 los afectados que hasta hoy trabajaban en la sede principal (el resto está en Oficinas Técnicas de Cooperación en el exterior), subrayó que la AECID necesita a estos trabajadores y anunció que se les habilitará una sala común con 46 puestos de trabajo, en la que tendrán acceso a un ordenador, internet y teléfono que podrán usar de forma esporádica, como figura en el decálogo sobre la relación de la AECID con las personas contratadas en sede mediante contratos administrativos de servicios difundido entre el personal esta semana.

Ese decálogo es el que establece que los contratados de servicios no podrán disponer de despacho propio ni permanecerán en los locales de la AECID "más tiempo del indispensable para la entrega de sus trabajos e informes". Tampoco dispondrán de una cuenta de correo electrónico con su nombre y apellido ni podrán participar en actividades sindicales de la agencia, entre otras cosas.

Algunos de los afectados consultados por Europa Press, y que han pedido que no se revele su identidad, sospechan que las nuevas medidas pueden estar relacionadas con la treintena de demandas laborales que se acumulan en los juzgados contra la agencia.