ESTRASBURGO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) consideró este miércoles que los procedimientos de la ONU y la Unión Europea para incluir a sospechosos en sus listas negras terroristas no respetan los derechos individuales fundalementales y son "totalmente arbritarias".
La APCE aprobó hoy un informe en este sentido elaborado por el suizo Dick Marty --quien también investigó los vuelos de la CIA-- y pidió que tanto la lista de la UE como la del Consejo de Seguridad de la ONU sean examinadas de nuevo "en el interés de la credibilidad de la lucha internacional contra el terrorismo".
"La injusticia es la mejor aliada del terrorismo y hay que combatirla también", subrayó Marty al inicio del debate, según informa el Consejo de Europa en un comunicado.
Según su informe, hay unas 370 personas en el mundo que tienen actualmente sus bienes congelados y que no pueden viajar ya que han sido inscritas en la lista negra del Consejo de Seguridad de la ONU. Asimismo, unas 60 entidades figuran en una lista similar de la UE.
Marty denuncia que estas sanciones pueden imponerse "sobre la base de simples sospechas" y considera queesta situación "es lamentable y viola los Derechos Humanos y las libertades fundamentales". "Incluso los miembros del comité encargado de decicir la inscripción de una persona en la lista negra no conocen todos los motivos que llevan a presentar la solicitud de inclusión", subrayó el parlamentario suizo.
Asimismo, criticó que "la persona o entidad concernida a menudo tampoco es avisada de esta solicitud, ni escuchada, ni incluso informada de la decisión adoptada, hasta que intenta pasar una frontera o utilizar una cuenta bancaria". A esto se suma, añade, que "no hay ninguna medida que prevea que se examine de nuevo de manera independiente las decisiones tomadas".
Así pues, según los miembros de la APCE, este procedimiento es "indigno" de instituciones internacionales como la ONU y la UE y debilita la legitimidad de "sanciones concretas" en la lucha contra el terrorismo. Además, advirtieron de que los Estados que son obligados a ejecutar estas sanciones corren el riesgo de violar las obligaciones que tienen en virtud de la Convención Europea de Derechos Humanos.
