"Algunas carencias del pasado se están dejando ver en esta crisis con una mayor intensidad", alerta Fernández Marugán
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El Defensor del Pueblo tramitó en 2019 un total de 20.616 expedientes: 20.215 quejas, un 18,9% más que el año anterior; 266 investigaciones de oficio frente a las 372 del año 2018; y 135 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad, frente a 327 del año precedente.
Así consta en el Informe Anual de la Institución relativo al ejercicio 2019, que la Oficina del Defensor del Pueblo ha entregado este miércoles a las Cortes Generales y en el que se recogen todas las actuaciones realizadas durante el año pasado. En esta ocasión, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, no ha acudido personalmente a entregar el informe dada la situación de pandemia.
Al total de expedientes tramitados hay que añadir los ciudadanos que fueron atendidos personalmente: 17.402, de los cuales 2.501 fueron presenciales y 14.901 fueron atendidos a través de llamadas de teléfono. Además, formuló a las Administraciones un total de 1.551 resoluciones, de las cuales 574 fueron recomendaciones, 490 sugerencias, 478 recordatorios de deberes legales y 9 advertencias.
DOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
En relación con los recursos de inconstitucionalidad, el Defensor presentó dos en 2019: uno contra el polémico apartado de la Ley Electoral que permitía a los partidos políticos recabar datos personales de los ciudadanos para hacer perfiles ideológicos, y otro contra la Ley de Caza de Castilla y León. A lo largo de su historia, ha presentado 31 recursos de inconstitucionalidad ante al Alto Tribunal.
Respecto a la procedencia geográfica de las quejas recibidas, la institución detalla en su informe que el mayor número de ellas fueros presentadas por madrileños (5.751 expedientes), andaluces (2.429), valencianos (2.167) y catalanes (1.915).
SITUACIÓN DE PANDEMIA
"Algunas de las resoluciones formuladas a las Administraciones por el Defensor del Pueblo en 2019 pueden verse ahora, en esta situación inédita que estamos viviendo, fuera de contexto o pertenecientes a un mundo que tardaremos en recuperar", ha afirmado Fernández Marugán en alusión a los efectos de la crisis del coronavirus.
No obstante, el Defensor ha apuntado que otras de sus recomendaciones y sugerencias pasadas, "tienen ahora más actualidad que nunca, ya que algunas carencias del pasado se están dejando ver en esta crisis con una mayor intensidad". Como ejemplos, ha destacado la situación de las residencias de ancianos o la necesidad de crear una renta mínima de inserción social de ámbito estatal.
INSUFICIENCIA DE RECURSOS SANITARIOS
Entre las principales actuaciones llevadas a cabo por la institución el pasado año destacan las relativas a la Sanidad. Así, Fernández Marugán llama la atención sobre "la compensación solo parcial en los últimos años de la reducción de los presupuestos sanitarios de las administraciones públicas, a causa de la crisis económica".
También ha llevado a cabo actuaciones por la insuficiencia de recursos sanitarios en las zonas rurales y por la falta de cobertura de especialistas en el ámbito de la atención primaria y considera "imprescindible" el refuerzo de la atención primaria.
A su juicio, es necesario apostar "decididamente" por el desarrollo de la cartera sociosanitaria de prestaciones, es decir, por los cuidados de larga duración, la atención sanitaria a la convalecencia y rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable.
Sobre el sistema de copago de los medicamentos, que se introdujo en 2012, el Defensor cree que "afecta negativamente a personas con pocos recursos económicos y desempleadas, así como a personas con discapacidad o con enfermedades muy graves". Así, confía en que pueda acometerse la reforma normativa para ajustar, en términos de progresividad y equidad, el actual modelo de copago farmacéutico.
Por otra parte, el Defensor apunta en su informe que las quejas sobre la opacidad en la adjudicación de vivienda pública protegida (VPP) y los retrasos en el pago de ayudas ya reconocidas volvieron a protagonizar las reclamaciones en 2019.
En este sentido, ha instado a las administraciones a aumentar el parque de vivienda social en alquiler y a priorizar en el acceso a colectivos en riesgo, como las familias con rentas bajas y monoparentales, jóvenes, personas que hayan sufrido un desahucio, mujeres víctimas de violencia de género y personas migrantes.
Según indica la institución, las quejas recibidas sobre rentas mínimas reflejan que la cobertura, intensidad y adecuación de las rentas mínimas es "muy desigual" en función del territorio, por lo que aboga por estructurar en el plano estatal un sistema integrado de rentas mínimas.
El Defensor ha analizado también la dispersión normativa sobre centros residenciales de mayores; la recopilación de datos que realizan las CCAA; la insuficiencia de plazas; la necesidad de revisar al alza de ratios de personal; la asistencia sanitaria que reciben las personas que viven en residencias; las inspecciones que se realizan, o el ingreso involuntario de los residentes con deterioro cognitivo o psíquico y las sujeciones físicas.
El Defensor del Pueblo cree que deben abordarse reformas normativas de calado que garanticen mejor los derechos de los mayores en las residencias y que exijan una mayor dotación de personal y una mejora de su formación, el refuerzo y mejora de la atención médica, así como una mayor capacidad inspectora de las administraciones para hacer frente a los retos presentes y futuros de este sector.
LAS QUEJAS EN EDUCACIÓN
En materia educativa, el mayor número de quejas de padres, madres, alumnas y alumnos tuvieron que ver con las deficiencias en las instalaciones, las dificultades para acceder a un determinado centro escolar, los problemas para obtener becas y ayudas y la prestación de servicios complementarios, como el transporte o el comedor.
En este contexto, Fernández Marugán ha reclamado una educación de calidad en la que el sistema educativo esté adaptado al modelo de educación inclusiva, educar en igualdad sea una prioridad y la equidad en el acceso a la educación sea una realidad.
En relación con la lacra de la violencia de género, el Defensor sostiene que las quejas que ha recibido ponen de manifiesto "fallos en todas las fases del sistema de protección que son más graves cuanto más vulnerable es la víctima".
Para la institución, es necesario mejorar las ayudas, dar más y mejor apoyo, así como formación a las familias acogedoras de menores, aumentar el número de familias capacitadas para acogimientos especializados y desarrollar el acogimiento profesionalizado.
RECORD DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL
2019 ha sido el año en el que se ha alcanzado una cifra histórica, en el número de personas que han solicitado protección internacional (118.264 personas). En su opinión, la gestión de la acogida humanitaria de personas que acceden de manera irregular a España y que no pueden ser expulsadas, y la gestión de la acogida de quienes solicitan protección internacional necesitan una profunda revisión orgánica y funcional.
El Defensor ha señala como carencia del sistema la existencia de varios organismos, adscritos a distintos departamentos ministeriales, con competencias concurrentes y con deficiencias en la coordinación; así como la falta de participación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos en la gestión de la acogida.
Fernández Marugán aborda en su informe aspectos relativos con la política de impuestos; el uso de la fuerza por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana; medio ambiente; el bono social eléctrico; el transporte ferroviario; las apuestas y la publicidad intensa del juego, entre otras cuestiones.
