MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes 5 de octubre una declaración con motivo del Día Mundial y Día Europeo contra la Pena de Muerte en la que expresa su oposición a esta condena "en todos los casos y circunstancias, con independencia de la gravedad del delito cometido" por considerarla "contraria a la dignidad humana".
"Carece de efectos disuasorios en el comportamiento criminal y provoca efectos irreparables en caso de error judicial. Su aplicación no beneficia a las víctimas de los delitos. El condenado a muerte y su familia sufren además una espera que constituye en sí misma una tortura", argumenta el Gobierno respecto a la pena de muerte.
Según recalca el Ejecutivo, la lucha contra esta pena "constituye una prioridad de la política exterior española en materia de derechos humanos". "El Gobierno proseguirá demandando a los Estados retencionistas el respeto de estándares mínimos en caso de su aplicación y la reducción de los crímenes susceptibles de pena capital, todo ello con vistas a su completa abolición", manifiesta, incidiendo en que también intentará "que en los Estados donde hay condenas que no se ejecutan se formalicen moratorias".
El Ejecutivo destaca el "valor" que tiene esta declaración este año, cuando se cumplen 40 años de la aprobación de la Constitución, que abolió la pena de muerte en su artículo 15 excepto para tiempos de guerra. La Ley Orgánica 11/1995 la derogó en el Código Penal Militar, quedando desde entonces abolida para todos los casos.
En esta línea, el Gobierno recuerda que "España además es parte en los textos internacionales que proscriben la pena capital, como el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Protocolos y al Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Asimismo, apunta que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe asimismo la condena a muerte y su ejecución en su artículo 2.
Además, apunta que "España contribuyó a la creación en 2010 de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte con sede en Madrid", en la que "seguirá contribuyendo junto con los 19 Estados que forman su grupo de apoyo". Asimismo, sostiene que utilizará su presencia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para promover la abolición de esta pena y actuará en el ámbito multilateral "para que la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas apruebe este año la Resolución favorable a la moratoria de ejecuciones con el máximo número de votos".
