La organización sostiene que solo se denuncian entre el 10% y 15% de estas acciones y estima que hubo más de 4.000
ZARAGOZA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
España ha registrado unos 600 incidentes y delitos de odio, según los datos del 'Informe Raxen 2017', que ha sido presentado este jueves en Zaragoza por el presidente de 'Movimiento contra la Intolerancia', Esteban Ibarra, y la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto. La organización ha alertado del crecimiento de la radicalización y extremismo así como del avance de la xenofobia.
Los datos que componen este estudio, "el más importante en España de iniciativa social", según Ibarra, han sido recopilados de noticias publicadas en los medios de comunicación y de instituciones como la Oficina de Solidaridad, la Red Cívica contra el Antisemitismo o la Plataforma contra la Islamofobia.
Así, en esta ocasión, se ha podido elaborar una muestra que consta de unos 600 incidentes y delitos de odio ocurridos en España durante el pasado año. Sin embargo, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), sólo se recogen un 10 por ciento del total de las agresiones que se producen. De esta forma, desde 'Movimiento contra la Intolerancia', se estima que el total de delitos e incidentes de odio que tienen lugar en España cada año podría ser de entre 4.000 y 6.000.
"El año pasado Gran Bretaña reconoció 60.000 de estos casos y Alemania 24.000. La realidad es que no hay una buena recogida de datos de este tipo en ninguno de los países miembros de la UE, pero el nuestro se encuentra en la zona de mayor tolerancia y aceptación de la diversidad. Ejemplos de ello son actos como la acogida del 'Aquarius' o el respeto a la diversidad sexual", ha explicado Esteban Ibarra.
La dificultad para obtener datos reales de cuántas agresiones de este tipo se producen, procede del miedo a denunciar de muchas de las vícitmas por las represalias que podría acarrearles, y también por la falta de formación de los policías y otros funcionarios que no están correctamente preparados para reconocer este tipo de situaciones, ha dicho Ibarra.
"Necesitamos una política a favor de las víctimas. Es verdad que, desde el año 2014, en España se ha avanzado mucho con la creación de fiscalías de delitos de odio o de la oficina nacional de lucha contra los delitos de odio, pero además de esto se necesita el compromiso de las instituciones", ha comentado el presidente de 'Movimiento contra la Intolerancia'.
Esteban Ibarra también ha destacado que, a pesar de que España sea un país tolerante, en los últimos tiempos está aumentando el discurso de odio en Internet y las redes sociales. Un discurso que, en muchas ocasiones, se promueve desde organizaciones políticas, populistas y xenófobas, que actúan por toda la UE.
El informe señala que en España, aunque no existe una formación política que proyecte institucionalmente el racismo y la xenofobia, hay numerosos grupos racistas y neonazis que adoctrinan en Internet y protagonizan actos de intolerancia. Un ejemplo son los grupos ultras relacionados con clubes de fútbol, que constituyen un vivero para el crecimiento de este tipo de actitudes. "Cuando crece la intolerancia, lo hace en todos los niveles y se extiende del fútbol a casa y a la calle. Por eso pedimos que se aplique como debe la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte", ha demandado Ibarra.
"Si no detenemos los discursos de odio por Internet, estaremos confundiendo la libertad de expresión con abusos expresivos y fomentaremos la impunidad. En Europa aprendimos, hace muchos años, que la propaganda precede a la acción. Esa libertad de expresión sin límites nos llevó al nazismo. No vale todo, y no hay que confundir la libertad de expresión con libertad de agresión", ha añadido.
MEDIDAS FRENTE A LOS DELITOS DE ODIO
El informe divulga también un decálogo de medidas que habría que poner en marcha para que la lucha contra el racismo, la intolerancia y el odio sea más efectiva.
Para 'Movimiento contra la Intolerancia' sería necesario promulgar una Ley Integral contra Delitos de Odio y una Ley General contra Toda Discriminación y Acto de Intolerancia. Leyes que habrían de servir también para estimular las denuncias y mejorar el apoyo a las víctimas.
Otra medida necesaria sería el cierre de sitios web que promueven e incitan al odio, la discriminación y la violencia. Desde la ONG piden también prohibir los numerosos conciertos de música, manifestaciones y otro tipo de actividades que promuevan este tipo de actitudes, además de la ilegalización de las organizaciones, entidades o partidos políticos que impulsen este tipo de iniciativas.
Por último, desde la organización que dirige Esteban Ibarra, recomiendan impulsar la formación de policías y funcionarios para mejorar el reconocimiento de este tipo de delitos, así como potenciar el apoyo a las organizaciones sociales y mejorar la cooperación entre todas las instituciones, tanto a nivel nacional como europeo.
DISTRIBUCIÓN POR CC.AA.
Por Comunidades Autónomas, la que más incidentes relacionados con el odio y la intolerancia ha registrado durante el pasado año ha sido la Comunidad Valenciana, con un total de 87, seguida de Cataluña, con 83, y Madrid, con 82.
Andalucía ha recogido 59 casos, mientras que Castilla-León y Baleares, 48 y 41, respectivamente. Les siguen Euskadi y Murcia, con 40 y 34 casos. En los últimos puestos se sitúan Navarra y Aragón, con 26 casos cada una. Las demás comunidades se reparten los 75 casos restantes.
ARAGÓN
En comparación con los datos de 2016, el informe ha observado en Aragón una reducción de cinco casos, de 31 a los 26 de este año. Si se tiene en cuenta la proyección que lleva a cabo la UE para estimar el número real de agresiones de este tipo, se habrían registrado un total real de 130 incidentes el pasado año.
Por el tipo de incidentes, los más numerosos en 2017 fueron las agresiones racistas o xenófobas --diez-- y la violencia ultra en el fútbol, con tres casos registrados. Con dos aparecen la homofobia/aporofobia, la violencia neonazi y el 'ciberodio'/acoso escolar.
Por su parte, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Ejecutivo aragonés, María Victoria Broto, ha querido destacar la importancia de este informe y su compromiso para "lograr una sociedad en la que todo el mundo esté a gusto".
Broto ha animado a denunciar cualquier situación discriminatoria de este tipo y ha indicado que es necesario ofrecer los medios necesarios para que las denuncias sean efectivas.
La consejera ha querido destacar también algunos de los datos que manejan desde la Oficina Aragonesa Contra la Discriminación y que difieren de los presentados en el informe. Según esta oficina, en el año 2017 se registraron en esta comunidad 18 denuncias de delitos de odio, una cifra que ya ha sido superada en lo que va de 2018, periodo en el que se han registrado 19 casos.
Para Broto, esto es una muestra de cómo la población comienza a descubrir los mecanismos que desde las instituciones se ponen a su disposición para luchar contra la intolerancia.
La consejera se ha comprometido a seguir colaborando con organizaciones como 'Movimiento contra la Intolerancia', al tiempo que ha mostrado su disposición para exigir al Gobierno central más acciones en aquellos aspectos que son de su competencia.
