MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (CERMI) ha solicitado, a través de un escrito dirigido al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, su intervención a fin de que, en el ámbito de sus competencias, se interese por los casos en que las instituciones hospitalarias se convierten en lugares de residencia para personas con discapacidad.
Esta solicitud de la delegada del CERMI para la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ana Sastre, surge a partir del caso de Agapito Pazos, abandonado con tres años por padecer espina bífida, que fue empadronado en el Hospital Provincial de Pontevedra, donde vivió 79 años hasta la fecha de su muerte.
En este sentido, el CERMI, como organismo independiente de seguimiento de la Convención considera que este suceso afecta "de forma grave" a los derechos de "este grupo especialmente vulnerable" y, por eso, pide la intervención del Defensor del Pueblo.
"En el CERMI recibimos denuncias y quejas que evidencias situaciones de violación de los derechos de las personas con discapacidad y estamos detectando con frecuencia situaciones en las que se utilizan los hospitales como lugares de residencia habitual o alojamientos de larga estancia para personas con discapacidad en general y, en especial, con enfermedad mental y psíquica", aseguran desde este organismo.
Así, consideran que el "carácter restrictivo" de estas instituciones puede dar lugar a una "grave vulneración" de los derechos fundamentales de las personas ingresadas, cuando, no siendo el ingreso voluntario, tampoco se justifica su estancia en la necesidad de una intervención terapéutica de urgencia que sólo pueda ser atendida en este tipo de centros sanitarios.
"De estas situaciones se puede deducir que ante la inexistencia de otro tipo de recursos para atender a este colectivo, se prolonga su estancia de forma indefinida mediante prórrogas, obstaculizando su desarrollo personal y vulnerando su dignidad y sus derechos fundamentales", continúa.
Además, recuerda cómo el relator de Naciones Unidas contra la tortura manifestó en un informe, presentado en julio de 2008, la incompatibilidad de los internamientos involuntarios por razón de discapacidad con los derechos humanos de este grupo social y, por ende, con la Convención.
El CERMI (www.cermi.es) es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a casi 5.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.
