MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad solicita al Ministerio de Justicia que modifique la Ley de Registro Civil para que las personas con discapacidad intelectual puedan realizar los procedimientos para la adquisición de la nacionalidad española por sí solas.
Esta organización recuerda que la legislación actual establece, en el marco de los supuestos para optar a dicha nacionalidad, que si interesado es mayor de edad y está emancipado puede hacerlo por sí solo, mientras que si está "incapacitado", sólo la puede ejercer su representante legal, con una autorización del Registro Civil, salvo que su sentencia de incapacitación lo permita.
El CERMI, por tanto, plantea que esta normativa civil se adapte a los mandatos de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada y firmada por España, y advierte de que se dan casos de personas en condiciones de ejercer este derecho, pero no lo pueden hacer.
La Convención de la ONU reconoce el derecho de las personas con discapacidad a adquirir y cambiar una nacionalidad en igualdad de condiciones con las demás personas y establece que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida.
En tanto se realizan las modificaciones pertinentes para adaptar la normativa civil española a la Convención de la ONU, el CERMI propone que, cuando el interesado no esté incapacitado judicialmente y fuera una persona con discapacidad --en los términos del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social--, éste podrá solicitar los apoyos que necesite para ejercitar plenamente sus derechos en el procedimiento de adquisición de la nacionalidad española.
Asimismo, plantea que se ofrezcan al interesado los ajustes razonables precisos para que pueda realizar las comparecencias complementarias, convenientemente apoyado y asistido para llegar a comprender cualquier pregunta o cuestión que se le plantee, sin discriminaciones ni exclusiones por razón de discapacidad, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades.
