MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Comité Español de Representantes de personas con discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha afirmado que el Gobierno "se equivoca profundamente al no atender a las personas con discapacidad" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha advertido de que esto le traerá "consecuencias electorales".
"España tiene la obligación moral, política y jurídica de dar una explicación a las personas con discapacidad y sus familias, que son las que más necesidades tienen", ha afirmado Pérez Bueno sobre los presupuestos, al tiempo que ha cuestionado que el Gobierno no sacrifique cosas "más superfluas" y recorte, en cambio, en el sistema de protección social que atiende a un colectivo con "enormes necesidades de apoyo".
Asimismo, ha sostenido que la reducción del presupuesto para discapacidad y dependencia "no va a resolver a Montoro sus cuentas públicas y su fiscalización por parte de Bruselas". En su opinión, "hace un gran daño social, que es casi irreparable".
"Nos encontramos en una situación catastrófica, en emergencia y de guerra", ha asegurado para referirse a la actual situación del movimiento asociativo de la discapacidad como consecuencia de los recortes y la crisis. Según el presidente del CERMI, las asociaciones de la discapacidad no sólo reivindican y presionan para tener mejores leyes y mejores presupuestos, "sino que prestan y gestionan miles de servicios, al mismo tiempo que atienden dispositivos básicos que aseguren un mínimo de dignidad".
En esta línea, ha asegurado que el movimiento asociativo "está en peligro" porque las subvenciones no llegan, incluso aquéllas que ya están aprobadas. "Está en peligro la atención a todos los niveles --sanitario, educativo, de habilitación para la promoción y la autonomía-- de miles de personas con discapacidad y sus familias y eso es, a su juicio, "muy grave" porque lo que se ha avanzado en estas últimas décadas "puede verse arruinado y verse caer en un abismo".
MOVILIZACIONES DE LAS ENTIDADES SOCIALES
Asimismo, ha hecho referencia a la necesidad de que las entidades sociales de se movilicen antes esta "situación de emergencia" con su presencia en redes sociales, en la calle, en el diálogo con los políticos, en los medios de comunicación.
"La discapacidad viene, y hemos mejorado en estos 30 años, de un déficit estructural y sistemático de la ciudadanía, ya que por el hecho de tener una discapacidad estamos condenados a no poder hacer, ser o elegir lo que nos hemos propuesto en igualdad que el resto de los ciudadanos que no tienen una discapacidad", ha indicado. Además, ha denunciado que esta situación condiciona el empleo, la asistencia sanitaria, la educación y los derechos humanos básicos del colectivo de la discapacidad.
Por último, ha exigido al Ejecutivo que repare la "deuda histórica" con las entidades en términos económicos y, al mismo tiempo, adopte otras medidas que pueden ayudar a salir a las personas con discapacidad de esa situación de "exclusión de no normalidad cívica y ciudadana" en la que se encuentran.
