LA CORUÑA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
El ministerio público solicita penas que suman 12 años y 4 meses de prisión para un vecino de Ribeira (La Coruña) por los presuntos delitos de agresión sexual a su esposa y maltrato familiar. El hombre será juzgado hoy en la Audiencia Provincial de La Coruña.
En su escrito de calificación, el fiscal solicita para el procesado 10 años de prisión por un delito de agresión sexual y penas que suman 2 años y 4 meses por tres delitos de lesiones. También solicita que se le prohíba acercarse a su esposa durante 15 años, así como la tenencia de armas por un período de 6 años.
Los hechos que se le imputan se produjeron el 21 de julio de 2005 después de que el procesado fuese a recoger a su esposa a la Estación de Autobuses de Ribeira, a donde regresaba tras pasar unos días fuera de la localidad.
La mujer, al notar que su marido se encontraba muy nervioso y excitado, decidió volver a su domicilio en taxi. Una vez en la vivienda, se originó una discusión entre ambos al intentar evitar ella que se bebiera una botella de ron que había traído como regalo para una amiga.
AGRESION FISICA
Según el fiscal, tras insultarla le propinó varias bofetadas y seguidamente la arrojó sobre la cama cogiendo la maleta que su mujer había llevado como equipaje para lanzársela, aunque la víctima pudo esquivar el golpe.
Después, la obligó a mantener relaciones sexuales con él, aunque no llegó a consumar la relación al propinarle su mujer un fuerte empujón. El ministerio público sostiene que de nuevo volvió a golpearla, dándole patadas.
La mujer logró zafarse y se refugió en casa de su hermana. El procesado la siguió hasta allí, donde la siguió insultando y permaneció en las inmediaciones de la casa.
A la mañana siguiente, cuando las dos mujeres le permitieron entrar en las vivienda, el procesado comenzó una nueva discusión, en la que se repitieron las agresiones. A su cuñada, le lanzó un frutero metálico que estaba en la mesa de la cocina. Poco después, acudió al lugar una patrulla de la Policía Nacional.
Un auto judicial impide desde el 23 de julio de 2005 que el imputado se acerque a su esposa y su familia, así como que se comunique con ella.
