Marisa Castro compara "la persecución inquisitorial" contra el centro abortista con el acoso sufrido por los profesionales del Severo Ochoa
MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los tres médicos de la clínica Isadora imputados por presuntos abortos ilegales replicaron hoy al juez de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, que no declararán hasta que les concrete los hechos puntuales de los que se les acusa y les aclare quién dio origen al procedimiento, iniciado en un principio por vulnerar la normativa que regula la retirada de residuos biosanitarios en los centros sanitarios.
La negativa a declarar de los responsables de la clínica, Javier Hidalgo y Salim Zakaria, y la psiquiatra Sara Moreno estuvo precedida por la interposición ayer de un recurso de reforma en el que se solicitó la suspensión de las comparecencias por falta de información del objeto de la acusación. El juez Sierra les llamó a declarar por las presuntas irregularidades detectadas en la clínica abortista en la retirada de residuos humanos y biosanitarios.
Tras manifestar su "absoluto respeto" a la decisión de los imputados a acogerse a su derecho a no declarar, el instructor recordó que el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece taxativamente que "en la primera comparecencia el juez informará al imputado, en la forma más comprensible, de los hechos que se le imputan", calificando jurídicamente los hechos en una fase posterior.
El encargado de la causa tenía previsto inquirirles acerca de los extremos de la investigación en la que están implicados tras el hallazgo del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) de un contenedor donde estaban mezclados residuos sanitarios con humanos. Entre los restos había fetos de más de 22 semanas y medicamentos contraindicados para embarazadas por provocar el parto.
Los supuestos legales que prevé la ley para abortar se limitan a que la gestación entrañe un grave peligro para la salud física o psíquica de la embarazada, supuesto que no tiene un plazo máximo de gestación; que el embarazo se haya producido por una violación, con un plazo de antes de 12 semanas; y que se haya producido una malformación del feto, con un plazo de antes de 22 semanas.
Según fuentes jurídicas, la intención del magistrado era conocer la política seguida en la Clínica Isadora para practicar las interrupciones voluntarias del embarazo y verificar que los fetos encontrados en el contenedor respondían a mujeres cuya gestación del embarazo les hubiera acarreado problemas físicos o psiquiátricos.
ARCHIVO DE LA CAUSA
Rafael Burgos, uno de los abogados defensores, detalló a los periodistas congregados en los pasillos que a sus clientes sólo se les ha dado "una información genérica, sin especificar la responsabilidad" de cada uno en el procedimiento. "O concreta la imputación o archiva el caso", apostilló Burgos, criticando que el magistrado se haya limitado a remitirse a las expedientes clínicos de 25 mujeres que habían sido atendidos en la clínica, las cuales ya han declarado como testigos ante la Guardia Civil.
El letrado recalcó que la investigación está amparada por la Consejería de Sanidad, al igual que respaldó el caso por las supuestas sedaciones irregularidades del Hospital Severo Ochoa de Leganés. "Existe una correlación entre manifestaciones de un sector de opinión y el intento de criminalizar a determinadas personas, convirtiéndolas en figuras mediáticas", señaló Burgos, aludiendo a lo vivido por Luis Montes, el ex coordinador de Urgencias del Severo Ochoa cesado después de que la Consejería diera pábulo a dos denuncias anónimas.
Del mismo modo, la portavoz de Isadora y ex diputada de IU, Marisa Castro comparó "la persecución inquisitorial" llevada a cabo contra el centro abortista con el acoso sufrido durante los últimos tres años por los profesionales del hospital de Leganés. En su opinión, la investigación es "un complot contra los mujeres". "Las causas generales son propias de la Inquisición. No de un Estado de Derecho", espetó.
"Lo más relevante es que lo que se cuestiona son los derechos conseguidos por las mujeres españolas. Está en riesgo el trabajo de los sanitarios del centro y el clima de inseguridad jurídica de las mujeres que acudan a la clínica", subrayó la ex diputada.
Castro arremetió contra la actuación del SEPRONA, tachando su actuación de "irregular" porque "interviene en materia de residuos acabando citando a las mujeres que acudieron" a abortar. "La instrucción es bastante oscura y sigue parámetros alejados del Estado de Derecho", concluyó.
FETOS CON GASAS Y JERINGUILLAS
Este procedimiento contra Isadora arranca a raíz de una denuncia presentada el 9 de junio de 2006 por la plataforma antiabortista 'La Vida Importa' ante la Guardia Civil por tirar restos humanos y biosanitarios --jeringuillas-- en los cubos de basura.
La denuncia motivó la apertura de una investigación en febrero de 2007 por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), que verificó que la clínica vulneraba la normativa que regula la gestión de residuos medioambientales y que practicaba abortos ilegales.
El SEPRONA envió a la Guardia Civil los datos recabados, que a su vez los remitieron al juez. La causa cayó en un principio en el Juzgado número 31 que estaba de guardia, pero posteriormente entró en reparto al Juzgado de Sierra Fernández.
