MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
Sólo grandes cambios sociales pueden frenar el crecimiento de los trastornos del comportamiento en menores en España, según informó hoy la Fundación O Belén en relación a la celebración del IV Congreso Internacional sobre Trastornos del Comportamiento en menores, celebrado en Palma de Mallorca el pasado fin de semana.
Así, los expertos señalaron que "es necesaria la realización de cambios necesarios en todos los ámbitos y no sólo en lo que afecta a la protección del menor".
El presidente de la fundación, Emilio Pinto, señaló que estos trastornos en menores "son uno de los mayores problemas que sufre nuestra sociedad, que requiere una intervención eficaz, urgente y coherente que involucre a todos los agentes sociales y que, de no actuar a tiempo, esto producirá un grave deterioro en nuestro tejido social".
Asimismo, se dio especial relevancia a las terapias de ayuda para los trastornos de conducta que pueden ser aplicadas en la escuela, el entorno familiar, la salud y los sistemas de protección y justicia.
A continuación, los expertos informaron que los trastornos neuropsiquiátricos podrían elevarse en un 50 por ciento para el año 2020 y ser una de las cinco causas más comunes de morbilidad, mortalidad e incapacidad en menores. Según los datos, en España existen entre 620.000 y 780.000 menores afectados con trastornos del comportamiento, que representan entre un 7 por ciento y un 8 por ciento del total de los menores españoles, y se calcula que hay 1.300.000 con riesgo de padecerlos.
MEDIDAS PARA FRENAR EL CRECIMIENTO DE ESTOS TRASTORNOS EN MENORES.
Durante el congreso, se propusieron diez medidas "necesarias para prevenir y responder a las preocupaciones que plantea el creciente fenómeno de las conductas disruptivas en menores y avanzar así en la solución de un problema social cada vez más acuciante", señaló la fundación.
Entre estas medidas, se propuso la universalización del acceso gratuito a los servicios públicos de atención especializada en trastornos del comportamiento a todos los menores en riesgo y no sólo a los que están dentro del Sistema de Protección o Reforma; y la potenciación del trabajo en red, involucrando a las Administraciones sociales, sanitarias, educativas y judiciales en la búsqueda de respuestas.
En la misma línea, la organización reclamó la disposición de recursos para el tratamiento de los casos graves y de servicios de consultoría en los casos leves y moderados, y una investigación cualitativa y cuantitativa en este ámbito que sirva de base de formación y capacitación de quienes están en contacto con el problema.
Asimismo, se promovió la creación de un observatorio de estos trastornos, una plataforma de coordinación, conocimiento y apoyo a las familias y profesionales del sector mediante un teléfono de atención y el soporte informático necesario, involucrando a instituciones públicas y privadas.
Además, el organismo apuntó hacia la reflexión y valoración "adecuada" antes de ingresar a los menores en centros de reforma, "al no ser éstos los lugares adecuados para el tratamiento de estos trastornos", y se propuso "la no estigmatización de los menores con diagnósticos alarmantes e inamovibles".
Finalmente, se aconsejó el análisis de la intencionalidad de un comportamiento para discernir entre la pertenencia o no a lo patológico, ya que no todos los comportamientos se identifican con un trastorno; y la sensibilización a la sociedad, a través de los medios de comunicación y de las instituciones implicadas.
