MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Congreso de los Diputados debatirá hoy previsiblemente una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular por la que se reclama al Gobierno, entre otras medidas, doblar la pena en los casos en que se vulnere la orden de alejamiento en materia de malos tratos.
La moción, que recoge Europa Press, recoge un paquete de 13 medidas dirigidas a mejorar la lucha contra este problema. Los 'populares' se muestran críticos con las acciones llevadas a cabo por el Gobierno y denuncian la "ineficacia" de la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género impulsada por el Gobierno en 2004.
Este grupo parlamentario advierte que las muertes por violencia de género han superado a las registradas. Además, el PP avisa que "las denuncias se están ralentizando", teniendo en cuenta que en la legislatura anterior crecían a un ritmo del 14 por ciento, frente al 4 por ciento de los últimos años.
MEDIDAS PROPUESTAS EN LA MOCIÓN
Por todo ello, el Grupo Popular propone una serie de medidas tales como la promoción de campañas informativas, de sensibilización y concienciación social en las que se explique qué acciones son constitutivas de delito; la concesión de préstamos a interés cero para las mujeres víctimas de violencia de género; o la facilitación de un puesto de trabajo para las víctimas de violencia de género que cuenten con una sentencia judicial.
Asimismo, este grupo demanda un incremento del número de juzgados de violencia de género y que éstos cuenten con una dotación de recursos suficiente, el aumento de vigilancia de las personas con una orden de alejamiento, que las órdenes de alejamiento lleguen a los agresores con una mayor rapidez y una mayor generalización de programas de rehabilitación para los maltratadores.
Finalmente, reclama la implantación de planes de seguridad personalizada para cada víctima, el acceso a la orden de protección de los ascendientes y descendientes de las víctimas que convivan con éstas y la imposibilidad de que condenados por violencia de género puedan ocupar cargos políticos o de responsabilidad pública.
