TOLEDO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
J.A.S.C., el acusado de secuestrar a su expareja y amenazarla cuando tenía una orden de alejamiento, además de acosarle llamándole al teléfono móvil hasta en 2.133 ocasiones una vez finalizó la detención ilegal, ha reconocido los hechos y el fiscal ha rebajado la pena de ocho años a dos años y nueve meses.
El Ministerio Público pedía para el procesado una pena de seis años por detención ilegal y de dos años por amenazas, que ha rebajado a dos años por un delito de detención ilegal y nueve meses por un delito de amenazas, una vez que J.A.S.C. ha aceptado lo ocurrido.
Éste es el resultado de la conformidad alcanzada por las partes que, según ha explicado a los medios el fiscal jefe provincial de Toledo, José Javier Polo, que se produjo hace unos días.
HECHOS RECONOCIDOS
En cuanto a los hechos, ocurridos en Talavera de la Reina, Polo ha explicado que el procesado ha reconocido que incumplió la medida de no acercarse a la víctima y que, además, le privó de libertad y que en algún momento la ató de pies y manos y le introdujo en el maletero de un vehículo para trasladarla a otro lugar.
Un delito que, según el fiscal jefe, fue cometido por el acusado en su forma atenuada debido a que puso en libertad a la víctima. "Fue una detención temporal y siempre que la libertad se produzca dentro de los tres primeros días por parte del autor la pena es inferior, entre dos y cuatro años", ha concretado.
Por ello, y dado que los hechos "estaban claros" y "reconocidos plenamente" por el acusado, el fiscal jefe ha explicado que el Ministerio Público elaboró un nuevo escrito de calificación para conseguir la condena del acusado a dos años por el delito de detención ilegal y nueve meses por el delito de quebrantamiento de condena y evitar el juicio.
TAMBIÉN CONDENADO POR AMENAZAS
Polo ha unido a ello que el acusado también ha sido condenado tanto por un delito de amenazas en el ámbito familiar a la pena de 80 días de trabajo en beneficio de la comunidad, como a la privación de tenencia de armas durante dos años. "Todas estas penas son aceptadas por el acusado", ha añadido.
Lo que sí ha mantenido invariable el Ministerio Público respecto a su escrito de acusación son las indemnizaciones, por lo que el acusado tendrá que pagar a la víctima 120 euros por las lesiones ocasionadas y 3.000 euros por daños morales causados, que igualmente ha aceptado, según ha añadido el fiscal jefe.
Al hilo de este proceso, Polo ha explicado que la Fiscalía tiene un protocolo de atención a las víctimas de delitos que ha calificado como "muy relevante" porque el Ministerio Público intenta evitar que cuando una persona sufre un delito tenga, además del "perjuicio" del delito, el "perjuicio" del proceso.
CONFORMIDADES DÍAS O SEMANAS ANTES
A preguntas de los medios, el fiscal jefe ha aclarado que el Ministerio Público está consiguiendo "cada vez más" este tipo de conformidades --relativas a procesos en trámite y no a juicios rápidos-- días o semanas antes del juicio y ha puesto como ejemplo que el pasado año se consiguió incluso una conformidad antes de que se señalara el juicio.
No obstante, ha querido aclarar que los juicios por conformidad son aquellos en los que la prueba está clara, los hechos "son diáfanos" y "prácticamente hay muy pocas posibilidades de defensa"; y que el resto de asuntos en los que exista posibilidades de defensa o el acusado busque que lo absuelva van a juicio.
"No queremos quitarnos trabajo, lo que queremos hacer es quitar trabajo a los tribunales y a los abogados", ha concluido el fiscal jefe de Toledo.
