GRANADA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 33 años, de nacionalidad colombiana, se enfrenta a una pena de ocho años de prisión o la expulsión del país por supuestamente abusar de una disminuida psíquica, con un retraso mental moderado, con la que reconoció haber mantenido relaciones sexuales en su domicilio el pasado 23 de febrero de 2009.
El procesado, de iniciales E.P.E., fue hoy enjuiciado en la Sección Primera de la Audiencia de Granada, donde explicó que el día de los hechos vio a la mujer, de 37 años, en un bar del polígono de Cartuja, donde entablaron varias conversaciones, sin que él apreciara su oligofrenia, ya que "sólo tartamudeaba un poco". Después, según su testimonio, ambos se fueron al domicilio del acusado, donde ella comenzó a "toquetear", algo que acabó en una relación sexual.
Durante el tiempo que estuvieron juntos, según aseguró, no la forzó ni ella puso objeción alguna y por la mañana, tras pasar la noche en su casa, ella se marchó porque él tenía que ir a trabajar.
Ante el tribunal declaró también hoy la supuesta víctima, que tuvo muchas dificultades para explicar lo ocurrido y que incurrió en varias contradicciones. Dijo que él la insultó, le escupió y le llegó a amenazar de muerte, y que no mantuvieron relaciones sexuales aunque admitió, asintiendo con la cabeza, que sabe lo que son. Su madre afirmó que la hija tiene una minusvalía reconocida por la Junta de Andalucía y que padece además ataques epilépticos. Por eso, y como no era habitual que ella no volviera a casa, decidió denunciar su desaparición el 23 de febrero.
Cuando llegó a su domicilio, después de haber pasado la noche fuera, su familia consiguió "sonsacarle" que había estado con un tal "Pedro" y explicó lo ocurrido. Según la progenitora, le han podido quedar "secuelas" por aquello, puesto que muchas noches se levanta y se acuesta en su cama diciendo que "tiene mucho miedo".
Los forenses que la reconocieron indicaron que la mujer tiene una minusvalía del 68 por ciento, por lo que se le considera una oligofrénica, con personalidad influenciable y manipulable, con una capacidad de comprensión "limitada", que no le permite conocer todas las consecuencias de mantener relaciones sexuales.
También las psicólogas que se entrevistaron con ella determinaron que "no puede valerse por sí misma" y que se trata de una persona "vulnerable" con una "capacidad intelectual muy inferior al 95 por ciento de la población". Tiene, según las expertas, una edad mental de cuatro o cinco años, y "habilidades mínimas de comunicación".
Por las razones anteriores, el fiscal solicita, además de la pena de cárcel, una indemnización 12.000 euros en concepto de resarcimiento moral para la víctima, "cuyo consentimiento para mantener relaciones es absolutamente inválido". Para el Ministerio Público, el inculpado se aprovechó de su minusvalía para satisfacer su ánimo libidinoso, aún conociendo que se trataba de una persona con una deficiencia mental "palpable". El fiscal justificó además las contradicciones en el testimonio de la víctima precisamente por su retraso mental.
Por su parte, la defensa pidió una sentencia absolutoria, al considerar que la mujer, a pesar de su retraso, sí es consciente de qué son las relaciones sexuales, y que el acusado, "quizás porque aquella noche había tomado unas copas", no pudo constatar que se tratara de una disminuida, de la que sólo observó un "tartamudeo".
El juicio, que se ha prolongado por poco más de una hora, ha quedado así visto para sentencia.
