Bronca entre la presidencia española y la Comisión, Alemania y Reino Unido
LUXEMBURGO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
La presidencia española de la Unión Europea ha decidido remitir la orden europea de protección para mujeres maltratadas a la Eurocámara para su aprobación definitiva pese a no contar con el apoyo de una mayoría cualificada suficiente entre los Estados miembros. En un bronco debate público, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se enfrentó con países como Alemania, Reino Unido y Austria, que querían frenar la iniciativa española por considerar que creará inseguridad jurídica entre las víctimas porque su base legal es inadecuada.
"Creemos que es posible enviar ese texto al Parlamento. Creemos que eso es claramente conforme al espíritu y a la letra" de la legislación comunitaria, sentenció Caamaño en su condición de presidente para concluir el debate pese a las protestas de varias delegaciones.
"Cuando una norma exige mayorías cualificadas es porque parte de la idea de que en democracia se decide con criterios y por votos de mayorías, que los consensos son siempre deseables pero que también hay decisiones que son tomadas en democracia por posiciones de los Estados. Eso es también Europa", dijo el ministro de Justicia.
Un total de siete países --Alemania, Reino Unido, Austria, Letonia, Eslovenia, República Checa y Hungría-- se opusieron a la orden de protección española y pidieron esperar a que la Comisión Europea presente en 2011 una propuesta para proteger a las víctimas que resuelva los problemas jurídicos detectados. Estos países, gracias al cambio de postura del nuevo Gobierno británico, formaban una minoría de bloqueo suficiente para tumbar la iniciativa de la presidencia (100 votos, por encima de los 87 que se necesitaban, según el servicio jurídico del Consejo).
Sin embargo, la presidencia española decidió pese a todo seguir adelante con el procedimiento acogiéndose a una disposición del Tratado que permite dar un "plazo razonable" a Reino Unido para cambiar de postura. Si al cabo de ese plazo el Gobierno británico no apoya el texto español, el resto de países podrían tomar una decisión sin tenerle en cuenta. Ello es posible porque Londres elige si participa o no en las decisiones sobre justicia e interior de la UE y por eso existe un mecanismo para que no pueda bloquearlas indefinidamente.
Esta interpretación del procedimiento, apoyada por el servicio jurídico del Consejo, fue cuestionada por las delegaciones opuestas a la propuesta española, entre ellas el propio Reino Unido. El ministro de Justicia británico, Kenneth Clarke, protestó por la pretensión de Caamaño de expulsarle de una decisión en la que, según dijo, desean "realmente participar, siempre que tenga una base jurídica segura, sin la cual la medida será bastante inútil para las víctimas".
Por su parte, la ministra alemana, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, resaltó que "si no hay mayoría cualificada, el procedimiento no puede seguir". "Hay mayoría, pero no cualificada", dijo. En el mismo sentido se expresaron Austria y Eslovenia, mientras que Francia apoyó la interpretación de la presidencia española.
La vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Viviane Reding, que atacó desde el principio la orden de protección española, subrayó que "está muy claro que no hay mayoría cualificada y que no hay ningún mandato del Consejo al Parlamento". Reding amenazó de nuevo con denunciar la iniciativa de la presidencia española ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo y ofreció como compromiso de última hora aprobar un instrumento de protección de mínimos durante la presidencia española y esperar hasta las propuestas de Bruselas en 2011 para crear un marco completo de protección de las víctimas.
"Muchas gracias, vicepresidenta, pero no", replicó Caamaño a Reding. "Hemos trabajado durante muchos meses y no precisamente con el apoyo más sincero de la Comisión, en sacar este trabajo adelante. Nos hemos aproximado, nos hemos reunido y nos hemos encontrado siempre con una inamovilidad absoluta (de la Comisión) en una interpretación limitada e inflexible" del Tratado, se quejó el ministro de Justicia.
16 PAÍSES RESPALDAN LA PROPUESTA
Durante el debate público, todos los Estados miembros apoyaron el objetivo político de la propuesta española de proteger a las víctimas en cualquier lugar de la UE. Además, 16 países respaldaron expresamente el texto de compromiso presentado por Caamaño. Se trata de Francia, Finlandia, Bélgica, Portugal, Suecia, Chipre, Italia, Luxemburgo, Polonia, Lituania, Países Bajos, Eslovaquia, Malta, Rumanía, Bulgaria y Estonia.
El ministro de Justicia portugués, Alberto Martins, destacó que la protección de las víctimas de la delincuencia "es sobre todo una cuestión política" y reclamó "no hacer lecturas restrictivas del derecho que disminuyan nuestros poderes". En el mismo sentido se expresaron los representantes de Suecia o Polonia. "Sería vergonzoso que esto decaiga por razones técnicas que no nos permitan hacer ningún progreso", dijo el representante polaco, Zbigniew Wrona.
El objetivo de la propuesta española es que cualquier medida de seguridad dictada por un Estado miembro para proteger a una persona amenazada, por ejemplo una orden de alejamiento para un maltratador, se ejecute también automáticamente en cualquier otro país de la UE al que la víctima se traslade. El problema es que en algunos países estas medidas se adoptan en procedimientos penales, en otros como Alemania en procedimientos civiles y otros como Reino Unido tienen un sistema mixto, lo que dificulta crear un instrumento común.
La vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Viviane Reding, se opone a la propuesta española por considerar que utiliza una base jurídica inadecuada. A su juicio, ello perjudicará a las víctimas en lugar de ayudarlas y sólo beneficiará a los abogados al aumentar el número de litigios. La vicepresidenta amenazó incluso con llevar este instrumento ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo si finalmente se aprueba.
En 2008, se dictaron 118.000 medidas de protección para víctimas de delitos en el conjunto de la UE. No hay datos disponibles sobre las víctimas que se trasladaron a otro Estado miembro, pero si fuera únicamente el 1% del total ya significaría 1.180 casos al año, según una evaluación de la presidencia española.
