MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha confirmado este martes que la muerte de una mujer de 81 años en la localidad cordobesa de Pozoblanco el pasado fin de semana corresponde a un crimen de violencia de género, lo que eleva a 27 el balance de víctimas mortales en lo que va de año.
La víctima, una mujer española que ha muerto presuntamente a manos de su marido, no había presentado ninguna denuncia por los malos tratos que venía sufriendo, como tampoco lo hicieron el 81 por ciento de las mujeres asesinadas desde enero.
En cuanto a las cinco mujeres que sí habían denunciado, una había retirado la denuncia, dos habían renunciado a la protección que se les brindó y las otras dos tenían las medidas, que suelen ser de alejamiento y prohibición de comunicación, ya caducadas.
Las mujeres asesinadas dejaron tras de sí un total de 26 niños huérfanos, el último, el hijo de una gaditana que fue asesinada por su ex novio en plena calle la semana pasada en Jerez de la Frontera. Ella tampoco había presentado denuncia por malos tratos.
De las 27 fallecidas este año, un total de 20 eran españolas, frente a siete que eran de origen extranjero. El grupo más amplio, un total de once, tenían entre 31 y 40 años de edad, aunque siete estaban entre los 18 y los 30; tres tenían de 41 a 50; y seis tenían por encima de 51 años. De ellas, cuatro ya habían cumplido los 64.
Según la estadística oficial, el mayor número de muertes se produjeron en Madrid y Andalucía, con seis casos en cada comunidad autónoma. En la Comunidad Valenciana se produjeron tres asesinatos y hubo dos en Baleares y Castilla-La Mancha. El resto de las mujeres fallecidas residían en Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y País Vasco.
La ministra Ana Mato ha emitido un comunicado de condena en el que reitera su llamamiento a las mujeres que están siendo maltratadas por hombres de su entorno a denunciar, bien llamando al 016, teléfono gratuito que no deja rastro en la factura, bien acudiendo a las fuerzas policiales o judiciales, donde recibirá asesoramiento "sin coste de ninguna clase".
