MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
La diputada socialista Ángeles Álvarez ha exigido de nuevo al Grupo Parlamentario Popular que rectifique el proyecto de reforma del Código Penal porque en su redactado actual caben "ambigüedades" en la persecución de los delitos de explotación sexual, algo que los 'populares' niegan y achacan a una mala interpretación del principal partido de la oposición.
"El PP ha contestado a nuestra denuncia. No ha negado que del articulado de su reforma del Código Penal haya desaparecido la 'explotación sexual'. Tampoco ha negado (no pueden) que han incluido dos condicionantes imposibles ya que obligarán a que se pruebe que el proxeneta impone 'condiciones gravosas, o desproporcionadas o abusivas'", dice Álvarez en su cuenta de Facebook.
Según afirma, "es posible que se hayan confundido" porque "si es cierto que pretenden endurecer el castigo a los proxenetas, alguien metió la pata en la redacción del texto", frente a lo que propone "la solución sencilla" de que "rectifiquen".
"Alfonso Alonso, portavoz del PP dice que hemos llegado a una 'conclusión engañosa'. No se habrá parado a pensar que ha esa conclusión engañosa hemos llegado todas las que hemos leído el texto propuesto. No quieren reconocer el error (si es que de verdad persiguen lo que dicen)", denuncia la diputada.
El PSOE sostiene que si el texto no se modifica "sólo será punible el proxenetismo cuando se explote a persona que 'se encuentre en una situación de dependencia personal y económica que no le deje otra alternativa, real o aceptable, que el ejercicio de la prostitución'" y cuando se demuestre que "el proxeneta impone 'condiciones gravosas, o desproporcionadas o abusivas'".
"Lo entrecomillado es literal... Yo me pregunto quien va ha definir lo que en prostitución es gravoso, desproporcionado o abusivo", dice la diputada.
Álvarez apuntaba así al nuevo artículo 187 del citado proyecto de ley de reforma por el que se elimina del redactado actual el concepto de 'explotación sexual' y establece dos nuevas condiciones para que sea castigado con penas de prisión de dos a cuatro años y multas de 12 a 24 meses, el proxeneta que se lucra de la prostitución ejercida por una persona, aun cuando exista el consentimiento de la misma.
En concreto, se establece en la nueva redacción qué sólo serán punibles estas situaciones cuando la víctima "se encuentre en una situación de dependencia personal y económica, que no le deje otra alternativa, real o aceptable, que el ejercicio de la prostitución", o el hecho de que "se impongan para su ejercicio condiciones gravosas o desproporcionadas o abusivas".
