Mato condena el última muerte por violencia de ge*nero que eleva a 33 las víctimas en lo que va de año
SANTANDER, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -
La directora general del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Carmen Plaza, ha reconocido que en 2003 no se dio a Ángeles González, una mujer víctima de violencia de género, "la protección que hubiese podido prevenir la dramática muerte" de su hija Andrea, de 7 años, que fue asesinada por su padre durante un régimen de visitas.
El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW) ha condenado al Estado español por no actuar de manera diligente para evitar la violación de derechos de esta madre y hija, un pronunciamiento se produce a raíz de una demanda interpuesta en septiembre de 2012 por Women's Link Worlwide en representación de González, que presentó más de 30 denuncias ante las autoridades por la violencia que ella y su hija sufrían.
Plaza, que ha calificado de "lamentable" la muerte de la menor, ha reivindicado que España ha avanzado desde entonces "notablemente" en la normativa de lucha contra la violencia de género, con una Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, promovida por el Gobierno socialista, gracias a la cual "España es un referente en la lucha contra esta lacra".
"Este es un caso lamentable, dramático, que ocurrió en 2003 y, desde entonces hemos seguido avanzado y ha habido un compromiso total, absoluto y decidido del Gobierno contra la violencia de género. Y, precisamente, desde 2012 se está trabajando muy intensamente para proteger a los menores que se encuentran en supuestos de violencia de género", ha manifestado este lunes en Santander.
Así, ha insistido en que la ministra del ramo, Ana Mato, está impulsando desde el inicio de la actual legislatura medidas para la protección de los menores de edad como víctimas de la violencia de género porque "el Estado está absolutamente comprometido contra la violencia de género, es un compromiso total y absoluto".
"Se está trabajando en la modificación del artículo 1 de la Ley de integral contra la Violencia de Género precisamente para incorporar a los menores como víctimas de la violencia de género y que se puedan beneficiar de todas las medidas necesarias para su protección", ha relatado en declaraciones a los medios después de inaugurar el encuentro 'Mujer, economía y empresa', que se celebra esta semana en los Cursos Avanzados de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Plaza también ha destacado las nuevas medidas de protección para los menores aprobadas recientemente por el Gobierno de Mariano Rajoy, como que las mujeres puedan recurrir determinados autos judiciales que tienen que ver con el movimiento de los agresores condenados, tal y como recoge el Estatuto de la Víctima.
"También se está trabajando en la modificación de la normativa de protección de la infancia precisamente para garantizar que los menores que se encuentran, dramática y lamentablemente, en un caso de violencia de género, puedan tener la protección debida en todos los ámbitos de actuación del Estado", ha relatado.
Al mismo tiempo que Plaza hacía estas declaraciones, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha enviado un comunicado en respuesta a la condena de la ONU. En este escrito, el departamento de Ana Mato ha señalado que tiene como "prioridad" en esta Legislatura mejorar la protección de los menores y ha destacado algunas de estas medidas.
A través de la modificación de la legislación de protección de la infancia, Sanidad quiere establecer la obligación de que los jueces se pronuncien sobre medidas cautelares de protección al menor cuando cursen casos de este tipo de violencia, ya que hasta ahora lo hacían a instancia de las partes, o la promoción de que el menor esté siempre con la madre durante y tras la instrucción de casos de violencia de género.
Por último, indica que España es un "país puntero" en la legislación y sensibilización contra la violencia machista que desde que hay estadísticas, hace diez años, ha costado la vida de más de 700 mujeres y que en lo que va de año ha provocado el asesinato de 33 mujeres, incluida la última en la localidad almeriense de Béjar, que la ministra Ana Mato "condena enérgicamente".
