MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Administración acumula casi la mitad (44,6%) de las 751 quejas o consultas de las personas con discapacidad tramitadas por la Oficina de Atención a la Discapacidad, hasta las 335, según su informe de 2017, presentado este miércoles 30 de enero por la ministra de Sanidad y Bienestar Social, María Luisa Carcedo.
El documento destaca el aumento de 180 expedientes en 2017 respecto al ejercicio anterior, un 31,5% más. Del total de 751 expedientes, 391 corresponden a quejas; 357 a consultas, y sólo 3 fueron denuncias.
A las relaciones con la Administración (335 informes), le siguen los espacios públicos urbanizados y edificaciones (161), y, en menor medida, los bienes y servicios públicos (65), el acceso y utilización de los medios de transporte (62), telecomunicaciones y sociedad de la información (62), administración de Justicia (2) y patrimonio cultural (1).
Por procedencia, el 73,5% de las comunicaciones se realizaron desde Madrid (552) y el 59,3% las formularon mujeres y el 64,6% de las quejas fueron interpuestas por hombres, según este informe de esta organismo dependiente del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, que desde su puesta en marcha en 2005 todavía no había presentado públicamente ninguno de sus informes anuales.
Según Sanidad, esta oficina ha recibido una mayoría de solicitudes relacionadas con el subtitulado, la audiodescripción y la lengua de signos en la televisión, la publicidad y las páginas web. También sobre las barreras arquitectónicas en el transporte público o la falta de ocio accesible, la falta de accesibilidad a edificios y trámites, como la cita previa con el médico, según destaca Sanidad.
Durante la presentación del informe, la ministra ha destacado que varias de las demandas registradas en esta Oficina han marcado parte de la agenda de los gobiernos", como la reforma de la Ley Electoral que permite votar a las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo, que estaban incapacitadas jurídicamente, o la supresión del término 'disminuido' de la Constitución Española.
