MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha defendido en la ONU la reforma educativa impulsada por el Gobierno y que "impulsa el principio de educación inclusiva a lo largo de todo el articulado". Al mismo tiempo, ha precisado que las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.
En este sentido, ha recordado que la futura norma, aprobada pero que no podrá ser tramitada en el Parlamento por la convocatoria de elecciones generales el próximo 28 de abril, establece que, el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas desarrollará un plan para que, en el plazo de 10 años -y siguiendo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030-, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.
Carcedo ha encabezado la delegación española que se ha sometido este lunes en la sede de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza) a la evaluación del grado de aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se adoptó en 2008. En su intervención, Carcedo ha destacado que España "es un referente en materia
de discapacidad".
La educación inclusiva ha generado polémica después de que desde el Gobierno y el Comité Estatal de Personas con Discapacidad (CERMI) se aludiera a la necesidad de fomentar este modelo, de acuerdo a las recomendaciones de la ONU, frente a los centros de educación especial.
La posibilidad de incorporar al sistema educativo general a los más de 37.000 alumnos con discapacidad matriculados en los 470 centros específicos de Educación Especial en España ha dividido a la comunidad educativa y expertos y preocupa a las familias y los profesionales de estos colegios.
Mientras unas voces subrayan que el modelo Especial es "excluyente" y atenta contra los derechos de las personas con discapacidad, otras sostienen que es "integrador" y que el sistema educativo ordinario no es capaz de atender a estos estudiantes de forma "específica y personalizada". También hay quienes defienden la "libertad de los padres para elegir" la educación que quieren para sus hijos.
La propia ministra de Educación Isabel Celaá ha indicado que el Gobierno con esta normativa da cumplimiento a la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por España hace más de una década, y que establece en su artículo 24 que los alumnos con discapacidad no pueden ser excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad. No obstante, ha precisado en varias ocasiones que los centros de educación especial no se van a cerrar.
En una entrevista con Europa Press, la titular de Educación apuntó que la reforma "de ninguna manera supone el cierre de los centros especiales".
"Una cuestión es que efectivamente haya niños y niñas con diversidad funcional que, atendiendo al interés superior del menor y con las familias, vayan trasladándose a centros ordinarios, pero de ninguna manera habrá un cierre de centros de Educación Especial. Esto lo quiero subrayar", aseveró.
Por su parte, el CERMI ha asegurado este lunes en un comunicado que no quiere "cerrar nada ni desmantelar ni liquidar ninguna estructura educativa que aporte o haya aportado valor a la educación de las personas con discapacidad" en alusión a los centros de Educación Especial.
De este modo, varias semanas después de que familiares, profesores y alumnos de centros de Educación Especial se manifestaran en Valladolid contra el CERMI por su posición contraria a este modelo, esta organización ha salido al paso para decir que "nadie sobre en el ámbito educativo" y que su objetivo no es liquidar la especial, sino "alentar" la transformación del sistema para que sea más inclusivo.
VOTO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Durante la exposición de la delegación española, se han presentado las mejoras aplicadas desde la evaluación a la que España se sometió en 2011.
Entre otros, ha destacado la reforma de la Ley electoral, que garantiza el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad y permitirá que en las próximas elecciones 100.000 personas puedan votar por primera vez.
También ha aludido a la reforma en curso del artículo 49 de la Constitución. El pasado 7 de diciembre se presentó el Anteproyecto de reforma para actualizar su contenido, tanto desde el punto de vista del lenguaje, como de su estructura y contenido. Por una parte, sustituye la palabra "disminuidos" por "personas con discapacidad". También abandona la concepción médico- rehabilitadora y asistencial por el enfoque "convencionalista", basado en el reconocimiento de los derechos y deberes de las personas con discapacidad.
