MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Comité Español de Representantes de Personas con discapacidad (CERMI) ha alertado de que en 2018 se han documentado 22 casos de "palizas, vejaciones y agresiones y abusos sexuales" contra personas con discapacidad, tal y como se desprende del 'Informe España derechos humanos y discapacidad 2018' presentado este viernes 14 de junio en Madrid por CERMI y Obra Social La Caixa, al tiempo que ha lamentado la "vulnerabilidad y desprotección" del colectivo ante la violencia.
El informe revela que el derecho a la accesibilidad universal "se conculca de forma sistemática", así como la falta de acesibilidad para las personas con discapacidad "esencial para garantizar la igualdad de derechos", según ha informado CERMI.
En este sentido, el delegado del CERMI de Derechos Humanos, Jesús Martín, ha indicado que durante los diez años en los que se ha realizado el informe, se han mostrado los avances en la aplicación de la Convención Internacional de la Discapacidad.
Asimismo, el documento señala que en muchas ocasiones "se vetan fórmulas innovadoras" para dotar de recursos que sufraguen las
actuaciones en este sentido, como la creación de un Fondo Estatal de
Accesibilidad Universal.
En este sentido, CERMI ha asegurado que de las 252 denuncias recibidas en 2018, el 10 por ciento de ellas han sido sobre accesibilidad universal.
El estudio también pone de manifiesto la vulneración del derecho a la libre circulación de las personas con discapacidad, señalando la existencia de gasolineras sin personal de atención al público, así como la "falta de protección" de la Ley de Propiedad Horizontal para eliminar barreras arquitectónicas en los edificios de viviendas, "que limitan el acceso de personas mayores o con movilidad reducida".
Por otra parte, CERMI ha lamentado la "falta de compromiso" con la regulación de la figura del asistente personal en 2018, un hecho que, a su juicio, convierte el derecho a la vida independiente en "un anhelo lejano e incierto" para las personas con discapacidad.
Asimismo, el informe evidencia la "desprotección de los derechos de la infancia con discapacidad" que ha puesto de manifiesto la ONU en materia de no garantizar el derecho a la educación inclusiva.
El documento reclama, además, un nuevo marco laboral para personas con discapacidad "adaptado a los nuevos tiempos" y destaca la urgencia de hacer frente a la "discriminación sistémica" que sufren las mujeres con discapacidad en el acceso al mercado laboral.
Así, Martín ha señalado que las mujeres y las niñas con discapacidad sufren "mayor discriminación", al tiempo que ha apuntado que ésta se agrava en los entornos rurales", así como la falta de derechos de las personas con discapacidad en materia de acceso a la vivienda.
De esta forma, señala que la representación de las mujeres con discapacidad en el mercado de trabajo es "alarmantemente baja", así como que existe una brecha salarial con respecto a las demás personas.
AVANCES Y MEJORAS
Por otra parte, en el apartado de mejoras que recoge el informe, el CERMI ha apuntado a los trabajos iniciados en 2017 para reformar el artículo 49 de la Constitución y reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad, así como la puesta en marcha de la
modificación del Código Civil para pasar de un modelo de sustitución de la capacidad jurídica a otro fundamentado en el apoyo en la toma de decisiones.
Asimismo, CERMI ha destacado que 2018 debe ser el año "en el que
todas las personas con discapacidad, sin excepción, conquisten el
derecho al voto".
En este sentido, ha recordado que hasta la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), 100.000 personas "estaban excluidas de este derecho por sentencia judicial".
El informe incide también en que las propuestas de mejora y avances
producidos en 2018 provienen de la "movilización de la
sociedad civil organizada en torno al CERMI y a sus organizaciones
miembros".
En este sentido, CERMI ha definido a estos implicados como "generadores del cambio social" y "cooperadores críticos, exigentes y beligerantes" ante los poderes públicos para que "los derechos sociales, civiles y políticos lleguen a toda la ciudadanía con discapacidad".
Por su parte, la directora del Departamento de Colaboraciones
con Entidades Sociales del Área Social de la Fundación Bancaria La Caixa, Joana Prats, ha tildado de "esencial" el hecho de informar para "avanzar hacia la igualdad de derechos de las personas con discapcidad".
Además, ha abogado por tener una "mirada integral" para hacer frente a cuestiones como las carencias en materia de accesibilidad o la discriminación múltiple de las mujeres y niñas con discapacidad.
