MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha dirigido un escrito al Defensor del Pueblo instándole a abrir una investigación general a las Comunidades Autónomas y a la Administración General del Estado (IMSERSO) para "detectar y erradicar las normativas y prácticas que supongan discriminación por razón de edad y discapacidad en el acceso a los servicios y prestaciones sociales".
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de enero de 2018, que declaraba doblemente discriminatoria por razón de edad y discapacidad la regulación de la Comunidad de Madrid que impedía a una persona con discapacidad acceder a un servicio social de residencia por superar una determinada edad, el CERMI ha comprobado que "otras muchas Administraciones sociales siguen manteniendo normativas similares".
Ante esta "generalizada situación de incumplimiento de los mandatos constitucionales por parte de las Administraciones sociales", el CERMI solicita al Defensor del Pueblo que abra una investigación "exhaustiva" sobre la persistencia de este tipo de legislaciones y sobre las prácticas y vías de hecho administrativas que "siguen incurriendo en esta reprobable discriminación".
Para el Comité, el criterio de la edad "en ningún caso puede operar en contra de los derechos de las personas con discapacidad a recibir unos servicios y apoyos de carácter social adecuados a sus elecciones vitales y a su situación y circunstancias individuales", por lo que pide que las normativas autonómicas y estatales que consientan esta discriminación sean "urgentemente reformadas" para acomodarse a la sentencia del Tribunal Constitucional.
