EUROPA PRESS
MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
Quiere un redactado nuevo del artículo 49 para reflejar una igualdad real del colectivo y recoger la convención de la ONU
El Comité de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI) ha defendido este martes en el Congreso una nueva redacción del artículo 49 de la Constitución para eliminar el concepto de "disminuido" que existe en la actualidad. Pero, además, ha reclamado que también desaparezca la categorización de la discapacidad --si es física, sensorial o psíquica-- para que haya una total representación de este colectivo.
El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha comparecido en la Cámara Baja a petición de la Comisión para las Políticas Integrales de la discapacidad, para asesorar al órgano en su intención de modificar la Carta Magna para adaptarla a la Convención de la ONU en materia de discapacidad.
El artículo a modificar, el 49, recoge en la actualidad que "los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento y rehabilitación e integración de los disminuídos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".
De este texto, el CERMI ha destacado la necesidad de cambiar la palabra 'disminuido' porque "está superada" y porque está "concebida y sentida" por el movimiento social de la discapacidad como "ofensiva e hiriente". Además, ha señalado que sólo hay "una única opción posible" para definir al colectivo en la Constitución: personas con discapacidad o mujeres y hombres con discapacidad.
Preguntado por esta cuestión por algunos portavoces parlamentarios en esta materia, el compareciente ha explicado que es el término en el que se ve reflejado la mayoría del colectivo y también el "más reconocible" por parte de la sociedad. En este sentido, se ha referido a términos usados durante el debate por el diputado del PP, Nacho Tremiño, como "capacidades diferentes" o "diversidad funcional" que suponen, a juicio de Pérez Bueno, que la sociedad "no sepa muchas veces de qué se está hablando". "Y la Constitución no puede ser opaca", ha indicado.
Del mismo modo, ha llamado a quitar la "categorización por tipología de discapacidad" que se refleja en la Carta Magna --físicos, sensoriales y psíquicos-- porque, para el CERMI, es "inservible y contraproducente" para reflejar la realidad del país. "Quien no se ve representado en estas categorías, se siente apartado y tendrá más difícil su identificación con la Constitución", ha apuntado.
"MISMAS LIBERTADES Y DERECHOS"
Pero, además, ha señalado que el CERMI no quiere quedarse en "la mera sustitución" de una palabra, y ha demandado "una redacción renovada" para la que ha dado unos trazos. Así, Pérez Bueno ha propuesto una mención a que las mujeres y hombres con discapacidad gozan de las mismas libertades y derechos que el resto de ciudadanos, con los mismos derechos y sin discriminación o exclusión por razón de esta circunstancia.
"Se trata de reflejar la igualdad real y la no discriminación y exclusión", ha apuntado, para añadir la necesidad de hacer también cambios, en este sentido, en el artículo 14, en el que se recoge que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición y circunstancia personal o social". El presidente del CERMI quiere que el colectivo con discapacidad se mencione en este texto de forma expresa.
Del mismo modo, quiere que se precise, destacando la acción positiva de los poderes públicos, que éstos deben "promover, proteger y asegurar reforzadamente" el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad para que, respetando su libertad de elección y preferencias, puedan llevar con los apoyos precisos una vida participativa independiente, en un entorno universalmente accesible, incluidos en la comunidad.
El CERMI también llama a un artículo con mención expresa al Convenio de la ONU sobre esta materia, una situación que, tal y como ha aclarado el compareciente, "no es extraña" en la Carta Magna. En el artículo 10 se hace referencia a la Convención Universal de Derechos Humanos. Finalmente, pide garantizar la "más intensa protección legal y jurídica" --prevista en el artículo 53-- al colectivo: protección reforzada y posibilidad de tutela.
UNA REFORMA 'AD HOC'
Durante su intervención, Pérez Bueno ha reclamado también que esta reforma se haga 'ad hoc', es decir, "sin integrarla ni condicionarla" a otros cambios "más amplios y complejos" respecto a los cuales "no se vislumbran las adhesiones y consensos mínimos" para que se hagan realidad. Para el presidente del comité, esta situación supondría "crear unas expectativas que luego no se podrán cumplir" y que, a su juicio, generarán "melancolía" entre los miembros del colectivo y sus familias.
Para Pérez Bueno esta iniciativa es el "hecho legislativo de mayor trascendencia al que se puede enfrentar" el movimiento social y, a su juicio, sitúa al colectivo con discapacidad en el lugar que le pertenece en la agenda política. Por ello, se ha puesto a disposición de la Cámara para ser "catalizador" entre fuerzas políticas para "lograr el acuerdo máximo posible" en esta materia.
Los portavoces en esta comisión del PSOE, Joan Ruiz, el de Ciudadanos, Marcial Gómez, y la de Unidos Podemos, Teresa Arévalo, han mostrado su acuerdo con las palabras del presidente del comité y de llevar a cabo una modificación más completa del artículo de la Carta Magna. También ha mostrado su aprobación el presidente de la comisión, el diputado del PDeCAT, Jordi Xuclà, quien, además, ha preguntado a Pérez Bueno su opinión sobre las palabras "previsión", "tratamiento" y "rehabilitación" que se incluyen en el texto actual.
"No se trata de terminología. Hay que abordar, abandonar, cualquier vestigio de modelo médico, rehabilitador o asistencial y centrarlo en uno exigente en derechos humanos", ha concluido Pérez Bueno.
