MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación CERMI Mujeres (FCM) han reclamado al Ministerio de Justicia la reforma del Código Penal para suprimir la posibilidad de que las personas con discapacidad que hayan sido incapacitadas legalmente puedan ser sometidas a una esterilización forzosa, una práctica que sufren especialmente las mujeres y niñas con discapacidad.
En una misiva remitida al nuevo secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, el CERMI y la FCM urgen a reformar el apartado segundo del artículo 156 del Código Penal, con el fin de terminar con éstas prácticas "que atentan contra la integridad de las personas con discapacidad".
Este apartado en la actualidad recoge que "no será punible la
esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento" y "siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación civil".
También CERMI y FCM piden que desaparezca la disposición adicional primera que dice que la esterilización "deberá ser autorizada por un juez en el procedimiento de modificación de la capacidad o en un procedimiento contradictorio posterior, a instancias del representante legal de la persona sobre cuya esterilización se resuelve, oído el dictamen de dos especialistas y el Ministerio Fiscal, y previo examen por el juez de la persona afectada que carezca de capacidad para prestar su consentimiento".
La carta también agradece al secretario de Estado su presencia en la Asamblea de Representantes del CERMI, donde la pasada semana manifestó su compromiso para trabajar en favor de los derechos de las personas con discapacidad.
