MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado mejorar la atención a las víctimas de violencia de género en la Unidad de Atención Ciudadana (UAC) y para agilizar la tramitación de las quejas que tanto las propias víctimas como los profesionales que trabajan en este ámbito presentan por posibles
irregularidades o anomalías en el funcionamiento de los órganos judiciales, tal y como establece el Pacto de Estado.
Se trata de una propuesta de actuación elaborada por el Promotor de la Acción Disciplinaria, que este viernes ha sido aprobada por el CGPJ. El año pasado la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, propuso trasladar al Promotor de la Acción Disciplinaria la medida 120 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para que elaborara un estudio y determinara las acciones necesarias para su cumplimiento.
La citada medida establece la necesidad de "difundir los canales
existentes y promover su utilización, para facilitar la formulación de las quejas de las mujeres víctimas de violencia de género y de los y las profesionales, sobre posibles irregularidades o anomalías institucionales o judiciales, a fin de que se investiguen, y la víctima sea informada de la situación de los expedientes y en caso de archivo, de la causa a la que éste obedece, adoptándose, en su caso, las medidas que procedan".
Con el objeto de cumplir el Pacto de Estado, el documento elaborado por el Promotor y aprobado por la Comisión Permanente propone designar a dos funcionarios para atender de forma exclusiva este tipo de quejas. Serán funcionarios especializados en la materia, por lo que será obligatoria su asistencia a cursos de "formación específica" impartidos por personal cualificado del CGPJ, que se complementarán con visitas a servicios e instituciones implicados en la lucha contra la violencia de género con las que posteriormente deberán colaborar.
Estos funcionarios asumirán la gestión y tramitación de todas las quejas presentadas tanto por las víctimas como por profesionales, de modo que quedará garantizada la unificación de criterios y el rigor en las contestaciones. También deberán elaborar una estadística completa, anotando las razones de las quejas relacionadas con la actuación de los órganos judiciales.
Según recalca el organismo, toda la información que recaben facilitará la elaboración de estudios más exhaustivos sobre las quejas, demandas de información o explicación de resoluciones o sobre la situación y percepción de los juzgados especializados en violencia de género.
La difusión y promoción de este servicio es otra de las recomendaciones contenidas en la medida 120 del Pacto de Estado. Para ello, el Consejo propone la colocación de carteles en las sedes de los juzgados de violencia sobre la mujer, el uso de todos los canales de comunicación disponibles para dar a conocer el servicio o la activación de puestos electrónicos, que además contribuirán a agilizar la presentación de las quejas.
