El incumplimiento de la norma puede conllevar multas de entre 6.251 y 187.515 euros, pero no existe control
MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -
El Congreso ha decidido encargar un informe externo e independiente sobre la aplicación de la Ley de Igualdad en la insititución, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias. Se trata de un primer paso para poner en marcha el Plan de Igualdad que la Cámara Baja debería tener desde hace once años.
Fue el pasado mes de octubre cuando la Mesa del Congreso decidió comenzar a empezar a diseñar su Plan de Igualdad a raíz de una propuesta de Ciudadanos. La formación naranja llevaba denunciando esta carencia desde hace meses, tanto en la tribuna, a través de su portavoz de Igualdad y secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, Patricia Reyes, como con varias iniciativas parlamentarias registradas en la Cámara Baja.
Los 'naranjas' advertían de que, según la Ley de Igualdad aprobada en 2017, las empresas de más de 250 empleados, incluidas las administraciones públicas, debían contar con un Plan de estas características, que permite controlar la aplicación de la norma entre sus trabajadores. Pero el Congreso no cuenta con él.
Por ello, Reyes trasladó esta propuesta a la presidenta del Congreso, en abril de 2017, aunque no fue hasta seis meses después que la Mesa de la Cámara decidió poner en marcha este proyecto con la creación de un grupo de trabajo. Este órgano está presidido por la vicepresidenta segunda de la Mesa, la socialista Micaela Navarro, y lo componen también, la propia Reyes, la secretaria primera, la 'popular' Alicia Sánchez-Camacho y el secretario tercero, el diputado de En Comú, Marcelo Expósito.
PRIMERO EL DIAGNÓSTICO
Esta nueva comisión debe seguir las directrices de la Ley que determina que, en primera instancia, hay que realizar un diagnóstico, que se plasma en un informe, en el que se debe describir la situación de las mujeres y de los hombres dentro de la empresa para la que se va a elaborar el Plan.
Los puntos a tocar tendrán que ver con la contratación, la formación, la promoción y el salario, entre otras condiciones laborales. El contenido del informe debe determinar cuáles son los aspectos que deben mejorarse, con el fin de corregir las posibles desigualdades que existan.
Con esta información, el grupo de trabajo deberá acordar el plan de acción con todas las medidas que se pretenden poner en marcha para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres. Además, debe incluir el calendario
de aplicación de las mismas, los recursos que se destinarán para su implantación y la forma de recoger y evaluar los resultados.
FALTA DE INSPECCIÓN
A pesar de que la norma dice que es una infracción muy grave no elaborar o no aplicar el Plan de Igualdad, y puede conllevar multas para la empresa entre 6.251 y 187.515 euros y la pérdida de ayudas estatales, desde diferentes asociaciones han denunciado que desde el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, responsable de esta materia, no se hacen un seguimiento.
De hecho, según un estudio realizado por la consultora Leialta, el 90% de las empresas españolas de más de 250 empleados no aplica ni fomenta medidas de igualdad y conciliación entre sus trabajadores.
En este sentido, Ciudadano también denunció a Europa Press la falta "seguimiento e inspección" en esta materia. Una situación que, a su juicio, se demuestra en que la Cámara que representa a la ciudadanía española no ha cumplido con la Ley y no ha tenido consecuencias.
En una proposición no de ley de la formación 'naranja', registrada a principios de año, la diputada también pedía explicaciones al Ejecutivo por esta falta de seguimiento y denunciaba que se hubiera puesto en marcha el II Plan de Igualdad en 2015, el que se aplica a la Administración General del Estado, sin que exista una evaluación previa del primero.
