24 de abril de 2019
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    El Congreso pide más formación a jóvenes sobre los peligros de la Red

    El Congreso pide más formación a jóvenes sobre los peligros de la Red
    EUROPA PRESS

    MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -  

       El Pleno del Congreso de los Diputados ha ratificado por unanimidad el informe de la subcomisión o grupo de trabajo de Redes Sociales que pide más formación para los jóvenes para evitar los peligros de la Red, al mismo tiempo que urge al Gobierno a adaptar el entorno digital a la Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, así como a la propia imagen, con el objetivo de evitar el acoso en las redes sociales.

       Este informe, que ya fue adelantado por Europa Press, fue aprobado en marzo por la subcomisión de Redes sociales con el apoyo de todos los grupos y, posteriormente fue ratificado en la Comisión de Interior. Este jueves se ha elevado y ratificado al Pleno.

       El Gobierno podrá hacer uso o no de las 50 medidas orientadas a mejorar la seguridad en Internet de los usuarios, que han sido recogidas tras estos dos años de trabajo y la colaboración de más de 50 expertos. Se incluyen también las conclusiones elaboradas en otra subcomisión de redes sociales del Senado, aunque centrada en la protección a los menores.

       "La educación en el uso de las redes sociales es necesaria y nuestra idea es que la ciudadanía digital debe aparecer en el currículo escolar desde la infancia y hay que hacer una llamada a la responsabilidad de los alumnos y padres, del policía de referencia y a los maestros y profesores", ha destacado José Ignacio Sánchez Amor, desde el PSOE.

       Así, se propone la necesidad de educar en la escuela en el uso apropiado de las redes sociales, basado en valores como la responsabilidad de los propios actos; lecciones en Primaria sobre los usos y riesgos de la Red; acciones formativas en centros escolares para prevenir prácticas como el 'sexting' o cualquier forma de acoso (Bullying, grooming, entre otros) a través de las TIC; así como formación de profesores.

    50% DE JÓVENES SUFRE CIBERACOSO

       Por su parte, Conrado Escobar, diputado del PP y coordinador de los trabajos, ha subrayado que este informe supone "un punto de partida" ante uno de los "más apasionantes retos" para la comunidad educativa y los poderes públicos, como es Internet y las nuevas tecnologías. "Un 50% de jóvenes sufre alguna vez ciberacoso y otro 50% usa las redes sin control parental", ha destacado.

       Feliu Joan Guillaumes, de CiU, espera que se le dé difusión al trabajo y se aproveche y éste no se quede en la ratificación en el Pleno de este jueves.

       A Joseba Agirretxea, del PNV, le surgen "más dudas que respuestas con este informe" ante la evolución tecnológica, a la vez que ha alertado que el ciberacoso es más fácil que el acoso normal. Ha destacado que no hace falta más leyes y el problema es si se saben aplicar o no.

       Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, ha valorado el informe, y el hecho de que no haya que hacer una ley de redes sociales porque ya se puede combatir sus peligros con la vigente legislación.

       Mientras, Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural, ha valorado estos dos años de trabajo y las casi 50 comparecencias de expertos, a la vez que ve necesaria mucha educación y formación en las nuevas tecnologías. Pide que el derecho al olvido se incluya en el entramado legislativo en el futuro.

    CREAR UN CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD EN INTERNET

       En el informe se abre la puerta a una futura regulación sobre la suplantación de identidad en Internet y redes sociales. También destaca la propuesta para crear un centro nacional de seguridad en Internet, en línea con lo promovido en el seno de la UE o se subraya la necesidad de fomentar la autorregulación en el sector y la existencia de códigos de conducta frente "a corsés legales o técnicos".

       Igualmente, alerta de los peligros de la "sobrerregulación", se pide una mayor colaboración entre administraciones y el sector público y privado, trabajar desde edades tempranas y en los colegios sobre los peligros de Internet y un mal uso de las redes sociales; o se abre la puerta a una futura regulación sobre la suplantación de identidad en Internet y redes sociales.

    PRESERVAR LA SEGURIDAD DEL USUARIO

       A su vez, se plantea la necesaria cooperación internacional para preservar la seguridad de los usuarios en Internet y por eso, entre otros puntos, urge al Gobierno a crear un centro nacional de seguridad en Internet.

       La actividad de este centro iría en la línea de la red 'INSAFE-INHOPE' de la Comisión Europea, un programa que promueve un uso más seguro y responsable de Internet, así como de los dispositivos móviles en los menores, y que trabaja por identificar y erradicar contenidos ilegales 'on line'.

       La propuesta de simplificar los trámites de denuncia por parte del usuario y la de reforzar los filtros de seguridad, además de permitir la cesión de datos de tráfico por operadores a agentes facultados en la investigación de delitos, o recomendar mecanismos de verificación de la edad para restringir el acceso de los menores a sitios web que ofrezcan contenidos para adultos son otras de las recomendaciones de expertos.

    REFORZAR LA COLABORACIÓN ENTRE TIC Y POLICÍA

       José Ignacio Sánchez Amor, ha valorado también la necesaria coordinación entre las propias fuerzas de seguridad y las empresas proveedoras de servicios TIC y las líneas de denuncia de organizaciones privadas.

       "Otro bloque estaría centrado en las garantías para luchar contra todos los fenómenos delictivos como la pornografía infantil, o los nocivos y relacionados con la anorexia o bulímica, pero hacerlo con garantías. Se incorporan siempre garantías judiciales para el uso de troyanos o del agente encubierto, o para el acceso de metadatos con autorización judicial previa y específica para esos casos", ha señalado.

       Así, se plantea reforzar los recursos policiales destinados por ejemplo a la lucha contra la pornografía infantil en Internet o garantizar que la información que retienen las empresas sólo se entrega a terceros mediante orden judicial expresa y previa.