MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Empleo del Congreso ha apoyado una proposición no de ley de Ciudadanos por la que se insta al Gobierno a revisar el régimen jurídico de concesión de las pensiones de viudedad a mujeres víctimas de violencia machista divorciadas, con el objetivo de garantizar que puedan cobrarla con independencia del tiempo que lleven separadas de sus agresores.
El texto votado, transaccionado con el PSOE y que ha contado con el apoyo de todos los grupos, a excepción del PP que se ha abstenido, exige también que, hasta que no se reforme la Ley General de la Seguridad Social, se dicten instrucciones al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) para la concesión de estas pensiones para aquellas mujeres que acrediten ser víctimas de violencia machista en el momento de la separación.
Esta situación podrá acreditarse mediante la existencia de una sentencia firme, una orden de protección, un informe de Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de esta violencia, denuncias interpuestas ante los cuerpos de seguridad del Estado o los Servicios Sociales, partes médicos o las declaraciones de familiares, amigos o testigos, entre otros.
El portavoz de Ciudadanos en esta comisión, Sergio del Campo, ha denunciado "la denegación sistemática de las solicitudes" de pensiones de viudedad por parte de la Seguridad Social. Según ha explicado, están siendo los tribunales quienes están obligando a la Administración a concederlas.
Como ejemplo, la formación naranja ha expuesto el caso de una mujer canaria a quien se le denegó una pensión de viudedad tras la muerte de su exmarido en 2014 (llevaban separados desde 1995) a pesar de que, durante su matrimonio había sido atendida en varias ocasiones por el Instituto de la Mujer de Canarias y había presentado varias denuncias contra su marido en la Policía Nacional.
EL PP ALEGA QUE ES UN CASO AISLADO
El INSS no aprobó la pensión a esta víctima por haber transcurrido un periodo superior a diez años entre la fecha de divorcio o separación judicial y el fallecimiento, así como por no tener cumplidos los 65 años en la fecha de solicitud. La demandante interpuso una reclamación y, finalmente, el pasado marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dictó sentencia a favor de la víctima, según explica el partido.
En concreto, el Tribunal considera que está constatado que la violencia tenía lugar en el momento de producirse la separación o divorcio, lo que, a su juicio, le concede el derecho a percibir la pensión de viudedad.
Desde el PP, su portavoz en esta comisión, Pilar Marcos, ha defendido la abstención de su grupo asegurando que la propuesta naranja se basa en un sólo caso aislado. Según ha apuntado, en España se garantiza el acceso a la pensión de viudedad de aquellas mujeres que acrediten que han sido víctimas de violencia machista "con indiferencia de la fecha de la muerte del cónyuge" porque así lo recoge la legislación y a través "de la doctrina del supremo" que, según ha señalado, está para evitar ejemplos corregidos como el expuesto por Ciudadanos.
