MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto para mejorar la accesibilidad a los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, con el que quiere garantizar "la igualdad y no discriminación de acceso a toda la ciudadanía, en particular a las personas con discapacidad y a las personas mayores".
En concreto, tiene por objeto garantizar los requisitos de accesibilidad de las webs y apps para dispositivos móviles de los organismos del sector público y del resto de organismos vinculados directa o indirectamente al mismo.
Según ha informado el Gobierno, la norma ha sido aprobada a propuesta de los Ministerios de Política Territorial y Función Pública, Economía y Empresa, Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público.
En este sentido, ha detallado que tiene como objetivo permitir que la ciudadanía tenga "un acceso más amplio a los servicios del sector público, así como garantizar la igualdad y no discriminación en el acceso de todos los usuarios, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores".
"Va a tener un impacto positivo en materia de accesibilidad universal de las personas con discapacidad, con la eliminación de barreras que facilitará y garantizará el ejercicio de su derecho al acceso a las tecnologías, así como su derecho a relacionarse con las Administraciones públicas", ha defendido.
Asimismo, el Gobierno cree que facilitará que las personas mayores con posibles limitaciones físicas derivadas de la edad (dificultades de visión, distinción de colores, dificultades de audición o de movilidad, entre otras) puedan hacer un mejor uso de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público.
De este modo, la norma aproxima las webs y aplicaciones móviles desarrolladas por las administraciones públicas españolas a los requisitos de accesibilidad exigidos en Europa; y establece un mecanismo para que los usuarios puedan comunicar al organismo del sector público cualquier posible incumplimiento de los requisitos de accesibilidad establecidos.
También permite solicitar a las personas interesadas la información sobre contenidos que están excluidos del ámbito de aplicación de este real decreto o exentos del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad; y recoge las previsiones para realizar un seguimiento periódico de la implantación del Real Decreto mediante gestión descentralizada.
Para ello, se crea la 'Unidad responsable de accesibilidad' que será la encargada de coordinar y hacer efectivas las previsiones, y actuará de canalizadora de la información hacia el organismo encargado del seguimiento y presentación de informes.
Finalmente, extiende la aplicación de los requisitos de accesibilidad web a los portales que reciben financiación pública para su mantenimiento, y aquellos que proveen servicios públicos mediante algún régimen contractual con las administraciones públicas.
