MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Federación Lares, que agrupa a centros y servicios de dependencia sin ánimo de lucro, ha vuelto a exigir al Gobierno los recursos humanos y materiales comprometidos para las residencias de mayores y personas con discapacidad "que nunca llegan" en una carta remitida al jefe del Ejecutivo.
Lares recuerda que atienden a 54.000 personas mayores o en situación de discapacidad con cerca de 35.000 trabajadores y que ya el pasado 13 de marzo se dirigieron al presidente del Gobierno ante la preocupación por no poder ofrecer la atención social esencial y servicios de apoyo a miles de personas mayores.
"Seguimos sin equipo de protección, test de diagnóstico, atención sanitaria de las residencias, sin apoyo económico alguno, sin reconocimiento público, nos sentimos solos", lamentan al tiempo que aseguran que se les está utilizando como "cortina de humo que trata de esconder las propias responsabilidades de una gestión de la crisis del coronavirus que toma decisiones tarde e incapaz de articular coherencia entre las Comunidades Autónomas en la forma de afrontarlo".
"No podemos más", añaden para pedir la implicación de los gobiernos autonómicos para que se incorporen estudiantes, que Sanidad no se lleve al personal sanitario y, llegado el caso, que se obligue a trabajar en las residencias a personas que están en su casa.
Además, advierten de que estarán en frente si directamente o, de forma camuflada, el sistema de sanidad establece como criterio de atención "el de los fuertes frente a los débiles, la sedación para unos y la cura para otros".
"De momento, las ambulancias siguen sin venir a tiempo, las personas mayores con necesidades en residencias no siempre son trasladadas allí donde sea posible una adecuada atención clínica", aseguran en la misiva, al tiempo que recalcan que no pueden garantizar los cuidados sin ayudas de la Administración.
También advierten de que económicamente muchas entidades del Tercer Sector dedicadas a la atención residencial de personas mayores y en situación de discapacidad están "al límite, sin apoyo económico alguno, sin remuneración de las plazas vacías y asumiendo sobre costes en plazas públicas".
"Quiero hacerle especial mención a más de 400 residencias de toda España, salvo Euskadi, que atienden a personas sin derecho a plazas públicas y en las que los usuarios pagan "la voluntad", "lo que pueden", en un servicio social que la prioridad del sistema de dependencia ha dejado fuera de las prestaciones públicas", añade. Por ello, recalca que el apoyo económico para todos los centros del Tercer Sector es más importante que nunca.
