MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS); la Federación Empresarial Española de Centros Especiales de Empleo (FEACEM); Educación y Gestión (EYG); la Confederación Española de Centros y Enseñanzas (CECE); y la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE), junto con CCOO y UGT, han exigido que se garantice "en todo momento" la salud y el bienestar de los trabajadores y usuarios de sus diferentes servicios.
Así lo han manifestado este jueves en un comunicado las patronales que gestionan los Centros y Servicios de atención a Personas con Discapacidad, junto con ambos sindicatos, ante la propagación del coronavirus y el impacto que está generando sobre las diferentes actividades y servicios de las entidades "que tienen como misión velar por la defensa y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias".
Las organizaciones han destacado que, tanto los centros como los profesionales, están "comprometidos" en la adopción de todas las medidas dictadas por las autoridades sanitarias, a fin de evitar el contagio y contribuir a frenar la propagación del COVID-19.
Por ello, han reclamado a las Administraciones Públicas que adopten "las medidas necesarias encaminadas a facilitar a las entidades y, por tanto, a las personas trabajadoras todos los medios materiales necesarios para garantizar este objetivo".
Asimismo, han exigido "urgentemente" la dotación de equipos de protección individual para el personal que trabaja en las entidades, así como la realización de tests a toda la plantilla de los centros en los que existan casos sospechosos.
Las organizaciones también han advertido de que el sector se encuentra con un déficit de personal "acuciante" que, a su juicio, "es necesario abordar", por lo que consideran "esencial" garantizar el refuerzo necesario en las plantillas y el refuerzo de personal sanitario, así como "mayor coordinación" con el sistema público de salud.
Por todo ello, las entidades han solicitado el compromiso de las Administraciones Públicas para garantizar la protección de los trabajadores y el mantenimiento de la calidad en la prestación de los servicios.
