Fachada de la residencia AMMA Alcorcón el mismo día en el que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado que la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, dote de "manera inmediata" a las residencias de mayores de Alcorc - Eduardo Parra - Europa Press
MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha enviado una serie de recomendaciones a todas las comunidades autónomas para que mejoren la atención sanitaria de los residentes en centros de mayores, la información que se proporciona a sus familias y la protección de sus derechos.
Según ha informado este viernes la institución, ha recibido "un número considerable" de quejas en las que los familiares de los residentes ponen de manifiesto "carencias en su asistencia sanitaria y falta de información y transparencia por parte de los centros".
Asimismo, según ha detallado el Defensor del Pueblo, los familiares de las personas mayores que viven en residencias de ancianos "expresan su desesperación por no poder despedirse en caso de fallecimiento y la inseguridad con respecto a sus derechos en estos momentos".
Después de analizar las quejas y ante los "dramáticos" datos de afectados y fallecidos en residencias en el marco de la pandemia del coronavirus, el Defensor ha insistido en la necesidad de reforzar las medidas de atención sanitaria en los centros y en la atención a otros derechos de las personas que se encuentran confinadas en centros residenciales, "postergados frente a la urgencia de proteger la vida".
RECOMENDACIONES
De este modo, en un escrito dirigido a todas las consejerías de políticas sociales autonómicas, aconseja que se refuerce en los centros residenciales la debida asistencia sanitaria a los enfermos por COVID-19 sin indicación de hospitalización.
Para ello, apunta que debe mejorar la coordinación con las consejerías responsables de la atención sanitaria e insta a que las residencias obtengan el adecuado soporte médico y de enfermería, al menos, mediante la adscripción presencial y provisional de personal sanitario de refuerzo, la entrega del equipamiento sanitario preciso para la función asistencial, el suministro de equipos de protección individual para el personal y la realización de pruebas diagnósticas a todos los residentes y al personal del centro.
También considera "urgente" que se suplan las bajas laborales de los trabajadores de las residencias de mayores desde los proveedores de servicios (o, en su defecto, desde la autoridad correspondiente) para poder garantizar el cuidado adecuado (higiene, alimentación, movilización, etc.) de las personas mayores.
Por otro lado, considera "necesario" mejorar la información que reciben las familias, por lo que ha pedido que se adopten las medidas precisas para garantizar la información "continua y completa, y al menos diaria, a la persona designada por la familia del residente sobre su situación de salud, actividades, comidas y demás aspectos de interés, sin perjuicio de procurar herramientas de comunicación directa o telemática".
A su juicio, es necesario además que se comunique a las familias los traslados de residentes dentro del centro o las derivaciones a otro centro residencial u hospitalario.
El Defensor aconseja mantener informado regularmente al representante de la familia de la situación general en que se encuentra la residencia en cuanto a usuarios afectados por COVID-19 (fallecidos, confirmados y con síntomas compatibles), recursos disponibles e incidencias de personal.
En relación con los derechos de los residentes, la institución ha instado a las CCAA a que permitan que los mayores no contagiados puedan, de forma voluntaria y temporal, volver con sus familias durante esta crisis del coronavirus, sin pérdida de plaza, y siempre que sea posible de conformidad con los requisitos para la protección de la salud pública que se establezcan.
Por último, el Defensor ha reclamado que, en los casos de estado clínico terminal, se adopten protocolos que permitan facilitar la despedida al menos a un miembro de la familia. "El proceso de muerte debe ser lo más humanizado y digno que sea posible, cumpliendo igualmente las necesidades de salud pública para garantizar la seguridad del resto de usuarios, trabajadores y del propio familiar. Igualmente, se debe procurar, si así lo solicita el enfermo, atención espiritual al residente según sus creencias", ha defendido.
