MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Garrigou ha solicitado este martes al Gobierno y al Ministerio de Educación que no se abran los centros de educación especial durante este curso, cuya reapertura se prevé en la fase 2 de desescalada, enmarcada en la crisis de la pandemia del coronavirus.
Con este requerimiento, la Fundación Garrigou se suma a la petición realizada por todos los centros públicos de educación especial y colegios concertados de educación especial de la Comunidad de Madrid.
"Hemos pasado de ser uno de los colectivos de riesgo y más vulnerables a efectos de esta pandemia, a ser los primeros en incorporarnos sin concretar medidas específicas", ha alertado la entidad.
En este sentido, la Fundación comparte la preocupación de los responsables de los centros de educación especial de "no ser capaces de garantizar, en las condiciones actuales, las medidas de seguridad para proteger a alumnos, familias y trabajadores", siendo su alumnado "un colectivo de alto riesgo por sus condiciones clínicas y de salud".
Al mismo tiempo, la entidad apunta que los profesionales de estos centros son consciente de la "importancia de recuperar cuanto antes la actividad presencial por cuestiones pedagógicas, conductibles, terapéuticas y también de bienestar psicológico, conciliación y calidad de vida de nuestro alumnado y sus familias, pero siempre deben anteponer las medida de seguridad".
En este punto, la Fundación Garrigou ha avisado que las medidas de seguridad que continúan en vigor en la fase 2 "resultan imposibles de ajustar a la realidad de los profesionales que trabajan en los centros de educación especial, debido a las características del alumnado con el que trabajan: problemas de salud, conducta, bajo nivel de comunicación, cognitivo, crisis epilépticas".
A su juicio, la distancia interpersonal es "la primera medida que resulta imposible cumplir ya sea por cuestiones de comprensión, de alteraciones de conducta y/o de alta dependencia, lo que supone necesitar a su lado la figura de un profesional durante toda la jornada escolar".
Por otro lado, ha avisado de la "práctica imposibilidad" del uso de guantes, mascarillas y otras medidas de protección individual (lavado de manos, toser en el codo, uso de pañuelos de papel).
"Por cuestiones de comprensión, conducta, alteraciones sensoriales, malformaciones estructurales, casi a la totalidad de este colectivo, que está en las aulas, le sería imposible hacer uso de estos elementos, aumentando el riesgo de contagios, tanto entre los propios alumnos y alumnas como hacia los y las profesionales de intervención directa, y previsiblemente a las familias", ha explicado.
Ha apuntado que los profesionales de los centros ven "inviable" el uso de EPIs, "no sólo por la dificultad de usarlas de manera adecuada con la población con la que se trabaja, sino por el peligro que su uso entraña en sí mismo". "Atragantamientos, subida de los niveles de activación que desencadenan crisis conductuales, autoagresiones y problemas conductuales derivados de la alta carga sensorial o de la no comprensión de la situación", ha subrayado.
EXIGENCIAS DE CARA A LA REAPERTURA
En este contexto, si la reincorporación se llevara a cabo en la Fase 2, la Fundación Garrigou comparte las exigencias de los responsables de los centros de educación especial que pasan por protocolos que aseguren medidas sanitarias que se ajusten a las características del alumnado y que la Administración o las mutuas faciliten test a los profesionales.
También pide que se permita una incorporación escalonada; la asistencia de alumnos y profesionales en horarios o días alternos; que las familias hagan el menor uso de la ruta posible y lleven a sus hijos al centro por sus propios medios; que se haga uso del comedor en los casos estrictamente necesarios "ante situación de desamparo social".
Del mismo modo, solicitan iniciar progresivamente los tratamientos de las actividades consideradas sanitarias (enfermería, fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional), atendiendo a la normativa y medidas establecidas por sanidad y los colegios profesionales.
En caso de que no se pueda atender a todo el alumnado por cuestiones de seguridad, se exige que no sean las familias las que decidan el llevar a sus hijos al centro, sino que prime el criterio profesional y se atienda de forma prioritaria a los alumnos en los que se esté detectando deterioro físico-motor, en la comunicación y la deglución, en las habilidades manipulativas, en las alteraciones graves de conducta, etc.
"De este modo, serían los centros los que establecieran específicamente estos criterios, ya que son los que conocen en mayor medida a la población con la que trabajan", ha argumentado, para después aclarar que esta situación continuaría simultaneándose con la atención y enseñanza a distancia, como se viene haciendo desde que se suspendieron las clases presenciales.
Asimismo, pide que se valore el aumento de partidas presupuestarias a los centros concertados de educación especial respecto a personal complementario y gastos de funcionamiento, principalmente, ya que, "si en situaciones normales" su situación es "casi precaria, ante este escenario se acrecienta".
"Para justificar esta afirmación, queremos dejar constancia de que en muchos de estos centros la mayor demanda y preocupación que están manifestando las familias, han sido las relacionadas con la ausencia de estos tratamientos que llevan a cabo este personal complementario", ha concluido.
