20 de enero de 2020
  • Domingo, 19 de Enero
  • 16 de julio de 2010

    Debate (Resoluciones).- BNG pide resolver la "inestabilidad" de núcleos históricos afectados por la Ley de Costas

    MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

    El Bloque Nacionalista Gallego (BNG), dentro del Grupo Mixto del Congreso, ha presentado una propuesta de resolución, tras el Debate sobre el Estado de la Nación, por la que insta al Gobierno que resuelva, "en breve plazo de tiempo" la situación de "inestabilidad jurídica" en la que se encuentran los núcleos singulares e históricos situados en dominio público marítimo-terrestre y que están afectados por la Ley de Costas.

    La iniciativa, que será debatida el próximo 20 de julio en el Congreso de los Diputados, se refiere al problema de los núcleos que se encuentran a menos de 100 metros del límite del litoral y que, según la formación nacionalista, se ven afectados por la Ley de Costas.

    Así, en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del 30 de septiembre de 2009 la diputada de BNG Olaia Fernández Dávila pidió al Ejecutivo que dialogara con los ayuntamientos y con la Xunta de Galicia para resolver estas dificultades.

    En aquel momento, Olaia se refirió a municipios afectados tales como Loira, Aguete, Teoira, Casás o Mogor, ubicadas en el ayuntamiento de Marín (Pontevedra) así como a otros núcleos de la costa coruñesa, que están parcialmente afectados por el deslinde marítimo-terrestre de las costas y a los que, "en su momento" no les fue reconocido su característica de núcleo urbano y, por tanto, en su opinión, están "sometidos a una situación de inseguridad jurídica motivada por esta circunstancia".

    "Estos son núcleos de población perfectamente urbanos, no solamente

    por tener todas las características que esto conlleva, acceso rodado, suministro eléctrico, abastecimiento de aguas, etcétera, sino porque incluso, además de ser núcleos anteriores a esta ley (de 1988), son núcleos históricos", aseguró entonces.

    Finalmente, insistió en que los afectados de tales núcleos de población llevan "muchos años defendiendo su derecho" de poder vivir en sus viviendas "con las máxima garantías" y, en estos momentos, esas garantías son "de una inseguridad tremenda", entre otras cosas porque hay más de 60 expedientes abiertos por modificaciones, por arreglos de estas viviendas.

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