El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, preside la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en el Congreso de los Diputados, en Madrid, (España), a 26 de noviembre de 2020. - EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press
MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha tramitado en lo que va de 2020 unas 26.000 quejas, lo que supone un incremento del 28,8% con respecto al mismo periodo del año 2019, según ha informado el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán.
"Discriminar cuáles son de régimen común y cuáles de la Covid-19 es muy complicado. Haremos un esfuerzo para que se vea en el informe global", ha indicado Fernández Marugán este jueves 26 de noviembre durante su intervención en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en el Congreso de los Diputados.
En concreto, según ha precisado, recibieron 618 solicitudes de recursos de inconstitucionalidad contra el decreto de Estado de Alarma del 14 de marzo, aunque el Defensor ha precisado que la institución ya dijo que el decreto del Gobierno le parecía "plenamente conforme a la Constitución" y "razonablemente ponderado".
A estas se han sumado otros ocho escritos solicitando la interposición de recursos de inconstitucionalidad contra el segundo Estado de Alarma del 25 de octubre de 2020, un asunto sobre el que el Defensor prevé pronunciarse a finales de enero de 2021.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha recibido quejas relacionadas con las limitaciones a la circulación impuestas, tras decretarse el Estado de Alarma, relativas a: las salidas con menores; actuaciones sancionadoras incorrectas de algún miembro de los cuerpos de seguridad del Estado; y acoso de particulares a personas con discapacidad intelectual cuando salían a dar paseos terapéuticos.
En el ámbito sanitario, Fernández Marugán ha indicado que las quejas han estado relacionadas con la saturación en los hospitales, la suspensión ordinaria de la atención primaria, el retraso en las citas para consultas y operaciones o el acompañamiento a familiares en los centros hospitalarios.
"Tenemos un Sistema de Salud que no había estado sometido a una tensión como la que creó la Covid-19. Había carencias de camas, de personal entrenado, de respiradores y, desde luego, falta de material de protección para sanitarios que ponía en riesgo su salud y su trabajo", ha precisado el Defensor.
MÁS RECURSOS A SANIDAD Y MENOS EDIFICIOS ESPECTACULARES
En este sentido, ha recomendado destinar a la Sanidad "más recursos", acabar con la "precariedad" de los profesionales sanitarios y no dedicarse a hacer "edificios ni infraestructuras espectaculares".
Asimismo, la institución ha recibido 1.700 quejas en las que "el quejoso ponía de relieve la angustia por la pérdida temporal o definitiva de los ingresos producto de su relación profesional" y expresando "un cierto desconcierto" o "dudas" sobre las medidas adoptadas".
Por lo que respecta a la gestión del Ingreso Mínimo Vital, Fernández Marugán ha apuntado que la institución también ha recibido quejas y ha recomendado a la administración mejoras en los procedimientos de gestión y buscar el apoyo de los servicios municipales, así como homogeneizar los procedimientos de protección social en los distintos territorios.
FAMILIARES EN RESIDENCIAS
Igualmente, el Defensor ha puesto de relieve que han recibido "muchas" quejas de familiares con mayores en residencias durante la pandemia. En concreto, ha pedido que "se facilite una despedida" al menos de un grupo reducido de familiares en estos centros, tras recibir la llamada de personas afectadas por no haber podido despedirse de sus seres queridos. "Escucharlo es francamente duro", ha asegurado.
El Defensor del Pueblo ha indicado que las "carencias" en las residencias ya se producían desde antes de la pandemia y ha denunciado que no fue "ético ni legal" excluir a los mayores de residencias de la atención hospitalaria. "Nadie por razón de edad, discapacidad o grado de dependencia debe ser excluido de atención clínica. Nadie", ha enfatizado.
En relación a las personas migrantes el Defensor ha remarcado que "los efectos sanitarios y económicos de la pandemia no discriminan" entre migrantes y no migrantes.
CIERRE DE LOS CIE
En las primeras semanas del Estado de alarma, la institución recibió quejas de asociaciones y ONG que solicitaban el cierre de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), algo que finalmente se produjo, y ahora que se han reabierto, han vuelto a recibir quejas por las condiciones de vida en los mismos.
"Nosotros seguimos siendo recelosos", ha dicho Fernández Marugán sobre los CIE, al tiempo que ha precisado que hace unos días enviaron a un equipo de la institución a comprobar las condiciones en el de Aluche.
También han recibido quejas por las "condiciones de hacinamiento" en el CETI de Melilla por lo que el Defensor recomendó el traslado urgente de los colectivos más vulnerables a otros lugares.
Asimismo, ha alertado de la "emergencia humanitaria" en Canarias y ha indicado que dos grupos técnicos del Defensor del Pueblo han visitado centros de acogida distribuidos por el archipiélago y en breve obtendrán las conclusiones de estas visitas.
En materia educativa, el Defensor también ha recibido dudas de los padres sobre el contagio en los colegios y ha pedido "no criminalizar" a aquellos progenitores con miedo de llevar a sus hijos a clase durante la pandemia, aunque les ha informado sobre las consecuencias legales que puede tener.
Para Fernández Marugán, en algún caso, entre enero y febrero, "se subestimó la potencia del virus y los riesgos que entrañaba" y ha añadido que, según algunos economistas, "el mundo está experimentando algo parecido a una invasión extraterrestre".
SALVAR AL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS
También ha pedido "buscar el entendimiento político y un pacto social" porque, de no alcanzarse, "previsiblemente aumente la contestación social y de la crispación política". Finalmente, ha recordado que ahora "la prioridad absoluta es detener la propagación de la enfermedad, salvar la vida del mayor número de personas".
En el turno de los grupos parlamentarios, los portavoces han planteado al Defensor algunas preguntas sobre quejas en cuanto a violencia de género, desamparo de los sanitarios, test rápidos en las farmacias, desahucios, trabajadoras del hogar o temporeros agrícolas, entre otras.
En concreto, el diputado del PSOE Mariano Sánchez ha expresado su pésame a los familiares de los fallecidos por la pandemia; ha acusado a PP, Vox y Ciudadanos de meter "prisa" para la comparecencia del Defensor para "demonizar" al Gobierno; y ha defendido su gestión.
CIFRAS DE FALLECIDOS
Mientras, el senador del PP José Ignacio Landaluce ha pedido al Defensor que "investigue sobre el número de fallecidos" porque, a su parecer, son unos "20.000 más" de los 43.000 oficiales. También ha reclamado que se investigue al vicepresidente segundo Pablo Iglesias como "responsable" de lo ocurrido en las residencias de mayores.
Desde Vox, los diputados Juan Calvo y Julio Utrilla también han criticado la "disparidad en la cifra de fallecidos". Fernández Marugán ha dicho que le consta que desde el Ministerio de Sanidad "se está intentado encontrar un procedimiento para acelerar la información" de fallecidos en 2020.
La portavoz de Unidas Podemos Martina Velarde ha negado que la competencia de las residencias la tuviera Pablo Iglesias y ha aclarado que las tenían las CCAA; y ha criticado a PP, Vox y Ciudadanos por buscar la "confrontación". "Pidan perdón por ejercer la peor oposición posible en el peor momento historia", ha instado.
Desde Esquerra Republicana, la diputada Pilar Vallugera ha preguntado si no han llegado al Defensor quejas por desahucio; la senadora de Ciudadanos Carlota Santiago ha planteado si ha habido quejas por "la negativa del Gobierno" para decir los nombres de los expertos que han asesorado en la pandemia; y desde el PNV, la senadora María Mercedes Garmendia ha preguntado sobre los datos de violencia de género.
