29 de octubre de 2020
9 de enero de 2020

El Defensor del Pueblo reclama un sistema de seguimiento específico para los hijos menores de mujeres maltratadas

El Defensor del Pueblo reclama un sistema de seguimiento específico para los hijos menores de mujeres maltratadas
Violencia de género, teléfono 016 - EUROPA PRESS - ARCHIVO

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo ha reclamado al Ministerio del Interior la creación de un sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género contra los hijos e hijas menores de las mujeres maltratadas. La institución pide que sea "específico" y "adecuado" para valorar el tipo de riesgo al que estos niños, niñas y adolescentes están sometidos.

Este órgano elaboró el pasado mes de noviembre una batería de recomendaciones que recientemente ha remitido a Itziar Prats, la mujer cuya expareja asesinó a sus dos hijas, Nerea y Martina, de 6 y 3 años, en Castellón en septiembre de 2018.

"Gracias a testimonios como el tuyo hoy somos más conscientes de la gravedad del problema y de la necesidad de buscar soluciones que permitan una mejor y mayor protección de estos niños y niñas", señala el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, en el escrito remitido a Itziar, al que ha tenido acceso Europa Press.

La juez especializada rechazó la orden de protección que Itziar Prats solicitó para ella y sus hijas ante las amenazas de muerte del padre de las menores, y finalmente este acabó matando a las pequeñas durante el régimen de visitas y después se suicidó. Tras los hechos, su familia acudió al Defensor del Pueblo para denunciar los fallos del sistema de protección a las víctimas de violencia de género, y también ha interpuesto demandas de responsabilidad contra el Gobierno, concretamente contra Interior y Justicia.

"Es lamentable y preocupante que tenga que ser el Defensor del Pueblo el que recuerde a las administraciones competentes lo que tienen que hacer, lo que es de su obligado cumplimiento porque lo establece el Convenio de Estambul ratificado en 2014", ha manifestado a Europa Press el portavoz de la familia, Gabriel Rubio.

Rubio, que también es primo de Prats, se refiere a lo establecido en el artículo 26 del Consejo de Europa sobre la protección y apoyo a los niños testigos de esta violencia. En él se obliga a adoptar medidas legislativas u otras necesarias para ofrecer una protección adecuada a estos menores, como su atención mediante equipos psicosociales.

CONVENIO DE ESTAMBUL Y PACTO DE ESTADO, TAREAS PENDIENTES

España tiene pendiente adecuar el ordenamiento jurídico a lo ratificado en el Convenio de Estambul y también la mayor parte de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en 2017. Dicho Pacto establece "el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas" en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia".

En el escrito remitido a Itziar Prats, el defensor reivindica que "el interés superior del niño y el derecho del niño a ser escuchado deben prevalecer en todas las decisiones que se adopten en cualquiera de los procesos en los que puedan verse involucrados, siempre pensando en su protección y en su salvaguarda".

"Me comprometí contigo en hacer todo lo que estuviera en mi mano para que los asesinatos de Martina y Nerea nos hicieran revisar a fondo todo el sistema de protección de los menores que son víctimas de violencia de género", recalca Fernández Marugán.

En este contexto, recuerda que desde la institución ya se han formulado recomendaciones sobre el régimen de guarda y custodia de los menores hijos de padres condenados por maltrato, así como "para establecer sistemas de valoración de riesgo adecuado y adaptado a la realidad y a las especiales circunstancias de los menores".

En concreto, aconseja la creación de un sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género contra menores, que sea específico y adecuado al tipo de riesgo al que los menores están sometidos. Según defiende, este sistema "deberá facilitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado emitir la información sobre sus estimaciones de la situación de los menores a los fiscales y autoridades judiciales".

Lo que existe actualmente es el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), que se puso en marcha el 26 de julio del 2007 y sirve para determinar el nivel de riesgo que sufre una víctima de maltrato que presenta denuncia contra su agresor.

Precisamente tras el asesinato de las hijas de Itziar, el Ministerio del Interior aprobó una quinta versión de los formularios para la valoración policial del riesgo que entró en vigo el pasado mes de marzo. Los nuevos cuestionarios permiten ahora identificar aquellos casos susceptibles de evolucionar a violencia más grave e incluso a homicidio y asesinato, y además se evalúan el riesgo de los hijos menores que están cargo de las víctimas de maltrato.

"Antes no se había aplicado nunca ningún protocolo que valorase el riesgo de los menores, ni de muerte, ha lamentado Gabriel Rubio, expresando su "satisfacción, aunque entre comillas" por haber impulsado este cambio a raíz de los trágicos asesinatos de Nerea y Martina.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo traslada a Prats que han detectado en "la mayoría de los casos" problemas causados por la falta de recursos materiales o humanos. Tras ellos, la institución ha aconsejado a varias instituciones, como las comunidades autónomas o la Policía, que los refuercen.

Asimismo, avisa de "la dispersión de los servicios y recursos" que se ofrecen a las víctimas, así como de la "falta de coordinación" entre las administraciones competentes, entre otras carencias detectadas.