Actualizado 10/10/2019 16:32

Delgado, sobre la carta al ministro italiano por Juana Rivas: "Es un procedimiento obligatorio, habitual y normal"

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, en la presentación del secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica, en la sede de la Secretaría General Iberoamericana, en Madrid, a 17 de septiembre de 2019.
La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, en la presentación del secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica, en la sede de la Secretaría General Iberoamericana, en Madrid, a 17 de septiembre de 2019. - Oscar Cañas - Europa Press

   MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

  

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha asegurado este jueves que es "obligatorio, habitual y normal" que el Ministerio pidiera información a las autoridades italianas acerca de cómo se encontraban los hijos de Juana Rivas, la madre que fue condenada en España por sustracción de menores alegando una supuesta situación de maltrato. "Es un procedimiento obligatorio, normal y habitual", ha sentenciado.

El pasado mes de agosto, Delgado solicitó información a su homólogo italiano, Alfonso Bonafede, sobre el caso de Juana Rivas, quien ese mismo mes solicitó protección jurídica internacional para sus dos hijos menores, a través de un escrito remitido a la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Dicha petición se acompaña habitualmente de una carta firmada por el titular de Justicia del país, tal y como ha precisado la ministra en declaraciones a los periodistas. Si bien, Justicia no tiene intención de hacer pública dicha misiva, tal y como han precisado fuentes del departamento a Europa Press.

Ante el conocimiento de que los menores "pueden estar en situación de riesgo", según ha explicado, el Ministerio puso en marcha el artículo 55 del reglamento europeo del año 2003 en materia de responsabilidad parental. Lo hizo "en atención al principio de protección del interés superior del menor".

"Este reglamento, que nos obliga a todos los Estados de la Unión Europea, se refiere a la comunicación que debe haber entre estados para interesarse de la situación de los menores nacionales de un Estado en otro estado", ha afirmado.

En virtud de este reglamento europeo "de obligado cumplimiento", el Ministerio, a través de la Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional, pidió "información a las autoridades italianas sobre cómo se encontraban los menores", según ha incidido la ministra. "Es un procedimiento, habitual, normal, se solicita información, no es interferencia en modo alguno en autoridades judiciales, procedimientos o decisiones judiciales", sostiene.

"Esto ocurre con todos los países europeos, entre homólogos acompañamos esa solicitud, ese interés para que nos pase información porque estamos hablando de menores, del interés superior del menor", ha argumentado.

El diario El Mundo ha informado de que el ministro italiano contestó a Delgado el pasado 16 de septiembre, afirmando que el sistema judicial italiano asegura la seguridad y el bienestar de los niños y preserva de forma prioritaria el interés de los menores. Delgado, que ha confirmado la recepción de la respuesta de su homólogo, ha dicho que se produce "en los mismos términos e igual de amables, como en todos los casos".

"¿Esto qué quiere decir? Que está regulado en la normativa europea, que es obligatoria, de amparo a los menores nacionales de un país en otros países, se pide información y no se interfiere en procedimientos judiciales ni se pide información judicial, sino que solo se comunica una situación que a nosotros nos ha sido comunicada", ha subrayado.

Así, Delgado ha remarcado que "en absoluto" hay intención de interferir en el procedimiento del caso. "Ni podemos, ni debemos ni se nos permitiría", ha apostillado, remarcando que este trámite de solicitud de información sobre los menores se acompañe de una misiva del ministro de cada Estado.

En este sentido, ha aseverado que esto forma parte del "trabajo político" del Ministerio y el objetivo de "proteger a la ciudadanía" ya que "muchas veces" los ciudadanos "no tienen información acceso a determinada información" de otros países.

Juana Rivas fue condenada en España a cinco años de prisión por sustracción de menores tras no entregar en 2017 a sus hijos alegando una supuesta situación de maltrato. La Justicia italiana le retiró la custodia y se la concedió a su expareja y padre de los menores, el italiano Francesco Arcuri.

"El Ministerio de Justicia, como cualquier organismo público o privado, tiene la obligación constitucional y legal de velar por el interés superior del menor tanto en España como en cualquier otro país. Todo ello siempre con el máximo respeto a las decisiones judiciales de los órganos judiciales españoles e italianos", han destacado desde el Ministerio de Justicia.