17 de octubre de 2019
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    Las demandas del sector de la discapacidad a los partidos políticos para el 10N

    Las demandas del sector de la discapacidad a los partidos políticos para el 10N
    Trabajador con discapacidad.FUNDACIÓN ADECCO - ARCHIVO

    MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

    El Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclama a los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre la aprobación de una ley de inclusión laboral de las personas con discapacidad para elevar la tasa de actividad de este colectivo hasta el 50%, diez puntos porcentuales más que en la actualidad.

    "La inactividad forzosa y el desempleo siguen siendo muy elevados entre las personas con discapacidad, lo que genera pobreza, exclusión social y falta de autonomía económica", señala esta organización en un comunicado, en el que denuncia que el modelo actual de impulso al empleo tiene ya 30 años y está "obsoleto".

    A su juicio, se necesita una nueva regulación que ponga más énfasis en las mujeres con discapacidad, que "sufren más severamente la exclusión laboral".

    Entre las demandas del CERMI en materia de trabajo se encuentra la de prohibir que las empresas y entidades que incumplen la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad puedan recibir subvenciones por parte de las administraciones.

    Asimismo, reclama que las personas con capacidad intelectual límite que no alcancen el 33% de discapacidad reconocida oficialmente puedan acceder al marco de incentivos establecido para favorecer su inclusión laboral; aprobar una ley de impulso del emprendimiento para personas con discapacidad, y obligar por ley a que las herramientas digitales de las empresas sean accesibles, poniendo a su disposición ayudas e incentivos cuando haya que hacer adaptaciones.

    ACCESIBILIDAD INCUMPLIDA

    A estas reclamaciones se une otra histórica del colectivo, como la de establecer exigencia coactiva del cumplimiento de los mandatos legales vigentes que fijaban como límite temporal diciembre de 2017 para que todos los entornos, productos y servicios de interés fueran universalmente accesibles, "plazo incumplido con extensión y generalidad".

    Para avanzar en esta senda, subraya la necesidad de crear por Ley el Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal, nutrido del 1% de lo que los Presupuestos Generales y una nueva Ley de Propiedad Horizontal para garantizar que se efectúen las reformas pertinentes en los edificios de viviendas cuando una persona con discapacidad o mayor encuentre barreras.

    En cuanto a la accesibilidad cognitiva, el CERMI urge a aprobar una ley que regule este punto y preserve los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a la autonomía individual y a la inclusión en la comunidad, fomentando la elaboración de documentos relevantes en lectura fácil, entre otras medidas.

    También pide extender por ley la obligación de subtitular y audiodescribir los contenidos locutados a la publicidad audiovisual privada que se emita por televisiones que tengan ya el deber de subtitular su programación general.

    Esta confederación insta a modificar la legislación reguladora del cine para establecer como obligación de toda producción cinematográfica la incorporación de medidas de accesibilidad audiovisual --subtitulado, audiodescripción y lengua de signos-- desde el inicio del proceso.

    PATINETES ELÉCTRICOS Y TELÉFONO 112

    Entre las prioridades, insiste en regular adecuadamente la circulación y estacionamiento de patinetes eléctricos y otros elementos de movilidad para no dificultar el libre desplazamiento de las personas con discapacidad por las calles, y garantizar la accesibilidad de teléfonos de emergencia como el 112 para las personas sordas y sordociegas.

    Sobre la educación y la formación de las personas con discapacidad, el CERMI subraya la relevancia de garantizar el derecho a la educación inclusiva con todos los apoyos que requiera cada estudiante con discapacidad. Asimismo, solicita la creación del Centro de Referencia Estatal Universidad/Discapacidad. También anima a promover en la legislatura el incremento del alumnado universitario con discapacidad que accede a programas de movilidad internacional.

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