MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Congreso, Iñigo Alli, ha enviado este miércoles una carta a la Junta Electoral Central (JEC) exigiendo que cancele la instrucción "sesgada" y "prejuiciosa" en la que se permite a apoderados e interventores de los partidos apuntar en el acta el DNI de aquellas personas con discapacidad que a su juicio no estén ejerciendo de forma consciente, libre y voluntaria su derecho al voto.
El próximo 28 de abril serán los primeros comicios en los que podrán votar unas 100.000 personas con discapacidad intelectual que, hasta ahora, tenían este derecho retirado por orden judicial. Esta situación ha cambiado desde el pasado diciembre, cuando entró en vigor la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG), alcanzada en el Parlamento.
Una instrucción de la JEC daba, este martes, directrices para garantizar el cumplimiento de esta reforma y, en uno de sus puntos, explica que miembros de las mesas electorales, así como interventores y apoderados de los partidos, podrán apuntar en las actas los DNI de aquellas personas con discapacidad que, a su juicio, no estén ejerciendo el voto de manera consciente, libre y voluntaria.
Ante esta situación, el representante de UPN, uno de los impulsores del nuevo texto de la LOREG, ha pedido a la junta que reconsidere esta instrucción "por sesgada y prejuiciosa" contra el derecho básico al voto de este colectivo. Alli tiene previsto reunirse este jueves 13 de marzo con representantes de la JEC para tratar este asunto.
"El derecho a voto de las personas con discapacidad es inherente a su persona, por tanto a su dignidad", ha redactado en una misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Alli cree que esta medida "marca" a la persona a la que se registra "por el mero hecho de tener una aparente discapacidad" y, "no sólo contradice el espíritu de los legisladores" cuando reformaron la ley, sino que "restringe dicho mandato legal ante un categórico derecho sin exclusiones".
Para el diputado, la JEC está creando "ciudadanos de primera y de segunda", así como una "lista negra" de electores discapacitados. "No tienen derecho", ha denunciado a través de su cuenta de Twitter, en donde también les ha reclamado que cancelen esta resolución.
CIUDADANOS, TAMBIÉN CONTRARIO
También Ciudadanos se ha mostrado contrario a la decisión de la JEC. "Estamos en contra de que apoderados e interventores pueda dirimir si una persona con discapacidad puede o no puede votar", han declarado, para indicar que la reforma legal aprobada consiguió un avance que "nadie que no sea un juez, avalado por los pertinentes informes médicos", puede frenar.
Sólo la justicia, a su juicio, "puede dirimir si existen motivos o no para incapacitar a una persona" y, "menos, en un derecho tan fundamental como éste".
