31 de mayo de 2020
30 de marzo de 2020

Directores y Gerentes de Servicios Sociales pide apoyo sanitario para residencias en vez de criminalizar al sector

En las residencias viven cerca 400.000 personas mayores y trabajan casi 200.000 personas

Directores y Gerentes de Servicios Sociales pide apoyo sanitario para residencias en vez de criminalizar al sector
Entrada a la residencia pública Reina Sofía de la localidad de Las Rozas, una de las mayores de la Comunidad de Madrid con medio millar de plazas, en la que los trabajadores aseguran que el número de residentes fallecidos durante el mes de marzo casi trip - RICARDO RUBIO - EUROPA PRESS

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha pedido apoyo sanitario para el sector en vez de criminalizar las residencias de mayores donde el covid-19 está teniendo consecuencias más letales, dada la edad de quienes las habitan (en su mayoría más de 80 años), la fragilidad de su salud y la convivencia en un mismo entorno.

Ante esta situación, el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, ha subrayado en un comunicado que los responsables de los centros residenciales y, de manera especial, sus trabajadores, tienen que desarrollar su labor, sin recibir los medios materiales (EPIs) para prevenir riesgos para ellos mismos y para los residentes, ni apoyo sanitario, por parte de "un sistema de salud desbordado" en el que están "abandonados a su suerte", al tiempo que tienen que soportar "el intento de criminalización, culpabilizándoles de la enorme mortalidad que afecta a estos centros y de la extensión del virus en ellos".

Así, niegan que las residencias de mayores no estén preparadas para esta situación y subrayan que no se les puede exigir lo que no se exige a ningún otro estamento social, incluido el sistema sanitario, pues como apostillan, "nadie estaba preparado para un cataclismo como este".

Además, subrayan que las residencias no son servicios sanitarios, ni sociosanitarios, sino que son "servicios sociales, lugares para vivir y convivir" donde las personas mayores que viven en ellas "siguen teniendo derecho a recibir atención sanitaria a cargo del sistema público de sanidad, como cualquier persona mayor que viva en su casa".

En consecuencia, prosiguen, las residencias "no son, en ningún caso, responsables de la atención sanitaria de sus residentes, ni de las limitaciones y dificultades que actualmente tiene un sistema sanitario desbordado" y consideran "inadmisible y cruel" culpabilizar de la falta de atención a quienes cuidan de ellos, cuando no poseen "apoyo sanitario por parte de quien debería proporcionarlo".

Por otro lado, indican que, "desde el comienzo de esta crisis, hace ya dos semanas, el traslado de residentes a un hospital, cuando lo necesitan, por la causa que sea, resulta casi imposible" lo que provoca que las residencias, "sin medios para ello", tengan que atender a personas que deberían estar hospitalizadas y, "si no son capaces de hacerlo con todas las garantías que debería ofrecer el sistema sanitario, de nuevo se las culpabiliza de forma cruel".

Por todo ello, ante la imposibilidad de derivar pacientes a los hospitales por estar desbordados y por la letalidad del Covid-19 en las personas mayores, los fallecimientos en las residencias son más frecuentes que en situaciones normales, a lo que se une la saturación de los servicios funerarios, "incapaces de retirar los cadáveres con inmediatez". En este punto, señalan que hay que cumplir estrictos protocolos de retirada de cadáveres en una situación de epidemia tan grave de ahí que haya cadáveres que permanezcan horas (a veces días) en sus habitaciones.

PETICIONES A LA FISCALÍA Y A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En conclusión, solicitan a la Fiscalía que deje de vigilar a las residencias de mayores de manera generalizada y que sean tratados igual que otros centros o servicios que están actuando en la actual pandemia para asegurar la salud y la vida de las personas.

En este sentido, afirman que no cuestionan su obligación de actuar frente a cualquier indicio de delito que se pueda encontrar en algún establecimiento (residencia, hospital, funeraria, cuerpos de seguridad), pero piden que no se haga de manera generalizada contra todo un sector, el de las residencias, donde viven 400.000 personas mayores y en el que trabajan casi 200.000 personas.

También reclaman "respeto" y "apoyo" a los medios de comunicación al tiempo que vuelven a ensalzar "la admirable labor" de los trabajadores del sector, así como de la inmensa mayoría de sus responsables, para poder ofrecer "los cuidados y el cariño" que las personas mayores necesitan, volviendo a hacer un llamamiento a la responsabilidad.

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